El pleno del Ayuntamiento de La Laguna acordó ayer, por unanimidad, exigir responsabilidades al de Santa Cruz en caso de que no haya estado depurando las aguas residuales del municipio de Aguere. En concreto, el Pleno municipal aprobó una moción institucional en la que se acordó “encomendar a los servicios técnicos jurídicos de esta Corporación que tomen cuantas medidas sean necesarias para garantizar que ha habido un estricto cumplimiento de los acuerdo suscritos a lo largo de los años entre los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz, así como entre Teidagua y Emmasa, para la depuración de las aguas residuales de una parte de nuestro municipio, con el objetivo de defender ante las instituciones competentes los intereses de los ciudadanos de La Laguna”, recoge el texto.
El concejal de Aguas, Javier Abreu, compareció a petición propia para explicar la relación de hechos que han tenido lugar recientemente en torno al conflicto por el problema de la falta de capacidad de la depuradora de Santa Cruz, y que llevó al Gobierno de Canarias a abrir un expediente a la capital por los vertidos al mar en Cabo Llanos al no poder bombear desde la estación a la depuradora.
Cabe recordar que en la última quincena del mes pasado se logró llegar a un principio de acuerdo entre los tres municipios implicados (La Laguna, Santa Cruz y El Rosario) por el que se solicita al Consejo Insular de Aguas que se haga cargo cuanto antes de la depuradora, así como insistir en la solicitud al Estado para que declare la emergencia de las obras y que, además, asuma el coste de la ampliación, dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
En los tres primeros puntos de la moción institucional del Ayuntamiento de La Laguna se recogen estos acuerdos, pero, además, se encomienda a los servicios técnicos jurídicos de la Corporación que “tomen cuantas medidas sean necesarias”. En este sentido, Javier Abreu afirmó que si los servicios jurídicos y Teidagua demuestran que, en estos años, no se han estado depurando las aguas residuales del municipio, “el Ayuntamiento, desde luego, planteará cuantas reclamaciones estime necesarias para defender los derechos de los ciudadanos de La Laguna”. “Si no ha depurado las aguas se pedirán daños y perjuicios y que se nos devuelva el dinero para revertirlo en los ciudadanos. Alguna responsabilidad tendrán que asumir”, enfatizó.
En este sentido, el portavoz de de XTF-NC, Santiago Pérez, añadió que “si los ciudadanos han estado pagando por un servicio que no se ha prestado, y si era un hecho conocido por el Ayuntamiento de Santa Cruz y Emmasa, este asunto tiene un indudable alcance jurídico y merece la calificación de fraude. En consecuencia, el Ayuntamiento de La Laguna tiene que adoptar la decisión de emprender las acciones legales ante los tribunales”.
Valle de Guerra
Planteamiento compartido también por el portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, quien arremetió, además, contra la situación de la depuradora de Valle de Guerra porque “del total de 4500 metros cúbicos que llegan al día solo se tratan correctamente 2500, el resto se vierte incumpliendo la normativa y creando un problema ambiental, y ese tratamiento cuesta 600.000 euros al año al Ayuntamiento”. Abreu explicó que el Cabildo está a punto de finalizar la obra de mejora de esta instalación, lo que resolverá la situación, por lo que destacó que, en comparación con Santa Cruz, el Cabildo sí ha utilizado los recursos que se le abonan para ampliar la depuradora.
Calendario de trabajo para el PGO
El Plan General de Ordenación (PGO) volvió a ser, en el primer primer pleno ordinario del nuevo mandato, uno de los temas estrellas del debate. Unid@s se puede y XTF-NC presentaron una moción en la que se solicitaba, a instancias de las plataformas de Valle de Guerra y Guamasa contra el PGO, que el equipo de gobierno respondiera a todas las enmiendas presentadas y que, ademas, realizará un nuevo proceso participativo que permita el análisis de una alternativa cero con propuestas elaboradas por los vecinos. Sin embargo, la concejal del área, Candelaria Díaz, presentó una enmienda de sustitución, en la que el gobierno se compromete a responder argumentadamente cada una de las alegaciones, incluidas las que no versaban sobre modificaciones sustanciales, aunque sin fijar un plazo; y a adoptar un calendario de reuniones, con todos los grupos políticos, para el estudio del PGO. Enmienda que fue aprobada con los votos de CC, PSOE y PP y la abstención de los demás, por lo que sustituye al texto original de Unid@s y XTF-NC, que, sin embargo, recibió el apoyo de toda la oposición, lo que hace mayoría, y el voto en contra de solo CC y PSOE.