Los miembros de la destituida mesa negociadora del convenio provincial de hostelería de Comisiones Obreras han presentado esta semana un recurso ante la Comisión de Garantías del sindicato y ante la Dirección General de Trabajo, denunciando la ilegitimidad de su destitución, justo un día antes de que se firmara el documento con la patronal el pasado 6 de agosto.

El también denominado sector rebelde de Comisiones, avalado por la firma de 60 comités de empresa del sector, han interpuesto el recurso impugnando la legitimación de los firmantes del convenio, solicitando su remisión al Juzgado de lo Social para que determine “la nulidad” del texto.

En la denuncia, los miembros de CC.OO. destacan que los 60 comités de empresa representan, en su conjunto, a 530 delegados que representan el 82% del conjunto de delegados de Comisiones Obreras en el sector de la hostelería en la provincia y amparan a cerca de 10.000 trabajadores del sector alojativo de la provincia. Estos delegados “defienden” la nulidad del nuevo convenio y que se abre un nuevo proceso negociador con las personas que realmente representan y defienden los intereses de los trabajadores del sector de la hostelería en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Hay que recordar que el proceso de aprobación del convenio de hostelería estuvo enmarcado en una fuerte polémica que llevó, incluso, al sector rebelde a apoyar una huelga para finales de agosto. Finalmente este paro no llegó a producirse, aunque si convocaron una serie de concentraciones en el Sur de la Isla a la que acudieron cientos de representantes del sector.

La polémica por el convenio surgió por la destitución, por parte de la Federación de Servicios, de la totalidad de la mesa negociadora (12 miembros) y su sustitución por otros delegados que, en opinión de los destituidos, “nada tienen que ver con el sector”. Estos nuevos miembros de la mesa aprobaron al día siguiente el convenio calificado por los rebeldes de “muy malo para los trabajadores”. Los firmantes del texto alegan que las críticas al documento vienen porque se quitan los fondos destinados a los comités de empresa, así como se reducen los delegados sindicales, e incluso llegaron a denunciar que la gestión de dichos fondos no se había hecho con total transparencia.