Análisis

A una semana de la cita electoral catalana

Con ocasión de las elecciones del 27-S en Cataluña, entramos en una semana decisiva para la suerte de los dirigentes nacionalistas catalanas que avalan la tesis del independentismo. Digo dirigentes pero no Cataluña, porque estoy convencido de que el Principado seguirá unido a la vieja España, pase lo que pase; en cambio, varios de los políticos rupturistas que se vienen saltando la legalidad como si tal cosa seguramente serán procesados y juzgados, empezando por el inane Artur Mas.

Sólo desde la mal concebida articulación constitucional del Estado -tras la introducción del adulterado término “nacionalidades”, históricas o no, que se pretendió arreglar con el café para todos del ministro Clavero Arévalo- y con el flagrante abandono de sus altas responsabilidades por parte de PSOE y PP durante varias etapas al frente del Gobierno, puede entenderse la situación a que ha llegado Cataluña, que dispone de más competencias que cualquier Estado federal o equivalente, sea alemán, suizo, norteamericano o brasileño, y puede por tanto defender perfectamente su identidad y su hecho diferencial.

Al necesitar los votos de CiU para poder gobernar, los dos grandes partidos nacionales transigieron ante la mayoría de las demandas de los nacionalistas. Para complacer a sus socios privilegiados, los dos consintieron que se fueran estableciendo en Cataluña ciertas estructuras políticas que más parecían el embrión de un futuro Estado que el aparato político-administrativo necesario para el mejor funcionamiento de la comunidad autónoma. El ejemplo más descarnado lo constituye el trato que recibe el castellano, que en comparación con el catalán ha sido prácticamente arrinconado en las instituciones y en la enseñanza. En el colmo del disparate, la lengua oficial del Estado resulta ninguneada sin que el propio Estado y sus instituciones, con la Justicia al frente, la protejan y la defiendan, sin perjuicio, naturalmente, de que la catalana reciba el trato que merece como lengua cooficial en la comunidad autónoma. Para rizar el rizo del absurdo y la burrada, no se permite rotular en castellano, pero sí en otras lenguas extranjeras, en comercios, tiendas y otros establecimientos.

Los nacionalistas confundieron deliberadamente autonomía con soberanía y durante más de treinta años han venido gestionando a su antojo el Principado en una huida hacia adelante que nadie ha querido parar con la sola fuerza de la ley, que es como se funciona en democracia. Cuando hubo ocasión para ello, el propio Gobierno frenó en seco las actuaciones, como en el clamoroso escándalo de Banca Catalana, primer gran antecedente de la oleada de corrupción que salpica a la mayoría de las instituciones catalanas, y, desde luego, a los partidos nacionalistas, empezando por CiU. Esta formación, rota hace unos meses tras el abandono de los demócrata-cristianos de Durán i Lleida, tiene más de una treintena de dirigentes y destacados militantes implicados en distintas causas y embargadas cinco de sus sedes en relación con diversos procedimientos penales.

Autonomía versus soberanía

Este este proceso de afianzamiento, el nacionalismo catalán contó con la entusiasta colaboración de los presidentes socialistas Maragall y Montilla, dos inútiles políticos que han hundido al PSOE en aquella comunidad probablemente para muchos años, sin que desde Ferraz se adoptaran medidas para impedirlo. Las consecuencias están hoy a la vista de todos: en puro fraude de ley, unas elecciones autonómicas legalmente convocadas se pretenden convertir en plebiscitarias para dar paso a una utópica independencia en la que -con arreglo a las promesas de los líderes soberanistas- los catalanes serán más felices, pagarán menos impuestos, alcanzarán mayor nivel de vida y un futuro mejor y más justo, y además no serán expoliados por España. Lo que en un principio fue presentado como “leal colaboración de Cataluña para la gobernabilidad del Estado”, que diría el presidente de la Generalitat Jordi Pujol para justificar su apoyo a los gobiernos socialistas y populares, fue en realidad una artimaña para ir apilando competencias transferidas, ganar cotas de poder y extender el nacionalismo por todo el cuerpo social, creando así una fractura política, cultural y moral frente a lo que era considerado como “uniformismo centralista” que llegaba desde Madrid. Como si se tratara de una maldición histórica, no solo no se movió un dedo para evitarlo; es que se dieron todas las facilidades para dividir a la sociedad -empezando por la transferencia de las competencias educativas para inventarse una nueva historia de Cataluña y sembrar el odio a España-, dada la torpeza de los gobernantes nacionales.
Corrupción y candidatura única

La sociedad catalana se encuentra dividida ante este proceso montado artificialmente, ya que todas las encuestas reflejan un sentimiento mayoritariamente integrador con España o, cuando menos, un deseo de renegociar el modelo de pertenencia a la patria común. Aun así, por intereses partidistas e incluso para tapar la, como dije antes, inmensa corrupción dominante en el Principado, sobre todo por parte de CiU -recuérdese el famoso 3% de comisión que percibía en toda obra pública a que aludió el entonces presidente Maragall en sede parlamentaria-, partidos y grupos independentistas se han reunido en una candidatura electoral denominada Junts pel Sí -Juntos por el sí (a la independencia, se entiende)- en una especie de cama redonda donde confluyen, bajo el paraguas de CiU y ERC, grupos y organizaciones de todo tipo, desde antisistema y anticapitalistas, leninistas, revolucionarios, parafascistas y pronazis hasta formaciones irreprochablemente democráticas de derecha e izquierda.
Según indican en su web, Junts pel Sí es la candidatura de la sociedad civil… “para ganar las elecciones plebiscitarias del 27-S” y… “construir un nuevo país independiente que mejore la vida de las personas” y alcance su “plena soberanía como Estado”. Esta candidatura la encabeza un veterano comunista, hoy ecosocialista, el madrileño Raúl Romeva, antiguo eurodiputado por ICV, y de ella forman parte los líderes de CiU, Artur Mas, como número cuatro, y de ERC, Oriol Junqueras. No se conoce su programa de Gobierno para el caso de que ganen las elecciones, ni tampoco el nombre de su candidato, dadas las fuertes discrepancias internas existentes en el seno de la coalición. Aunque la candidatura no obtenga la mayoría de votos, sus portavoces han dicho que con obtener 68 de los 135 diputados en el Parlamento autonómico seguirán adelante con el proceso hasta culminar la declaración unilateral de independencia en un periodo inferior a doce meses, que por supuesto no tendrá ningún valor jurídico.

Merced a la reconocida lentitud de la justicia y su politización desmedida, a partir del 28-S cabe esperar la solución de las querellas criminales presentadas contra Artur Mas -que ha olvidado su papel institucional al dar la espalda a la mitad de la plural y abierta sociedad catalana- y sus principales colaboradores por parte de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Cataluña y varios sindicatos y organizaciones populares, por la organización de la consulta del 9 de septiembre de 2014 a modo de simulacro de referéndum. A todos ellos se acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, delitos que previsiblemente se verán agravados con nuevas denuncias por las actuaciones políticas de estas últimas fechas y las que se produzcan próximamente, si -como parece probable- se sigue vulnerando la ley.

Aun contando con la indolencia y el pasotismo del Gobierno central, la realidad es que el Estado dispone de resortes jurídicos suficientes para, a través del Estado de Derecho, imponer el cumplimiento de la ley y aplicar las sentencias de los tribunales de justicia y del propio Constitucional. En tal sentido puede suspender la autonomía de Cataluña, acusar a los dirigentes que participen en el proceso independentista del delito de sedición y hacer valer las previsiones de la nueva Ley de Seguridad Nacional y de la reforma en curso de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

Lo que no puede es dialogar hoy con quienes, mostrándose irreductibles y violando las leyes que han jurado o prometido cumplir -gracias a las cuales ostentan cargos y representaciones- han roto las reglas de juego y, en su ceguera sectaria, han conducido al pueblo de Cataluña ante unos hechos consumados que inevitablemente producen tensiones sociales y políticas de consecuencias incalculables. Con otros dirigentes sí cabe el diálogo, la negociación y el pacto; con los actuales resulta imposible ya que sólo pretenden persiguen la secesión e imponer su voluntad al margen de la ley.