SOCIEDAD

Siete millones para impagos de PCI

Patricia Hernández, a su llegada al encuentro con los periodistas. / S. M.
Patricia Hernández, a su llegada al encuentro con los periodistas. / S. M.

El Gobierno de Canarias pedirá un crédito extraordinario de siete millones de euros para hacer frente a los retrasos existentes en el abono de las llamadas prestaciones canarias de inserción (PCI), un recurso concebido por el propio Ejecutivo regional como una ayuda para aquellos que “carecen de medios de subsistencia para atender a necesidades básicas y que se encuentran en situación de mayor desigualdad social respecto a otros individuos para conseguir el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos fundamentales”.

La solicitud de dicho crédito extraordinario fue confirmada por la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, durante un encuentro con periodistas que tuvo lugar ayer y en el que se cifró en unos 3.500 los afectados por tales retrasos a cuenta de un desequilibrio presupuestario que se arrastra prácticamente desde que se aprobó esta medida, allá por el año 2007.

En información facilitada desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas (el tinerfeño no contesta), los retrasos en la PCI se generalizaron a partir de los pasados meses de marzo y abril, afectando a la práctica totalidad de las nuevas solicitudes y a las que piden la renovación, con la excepción de aquellos casos ya valorados y que se consideran muy urgentes.

Sin embargo, el temor expresado por los trabajadores sociales de que el dinero inyectado para cubrir los retrasos vacíe las arcas y ello implique futuras demoras en los pagos es compartido por el nuevo gobierno, cuya área social aspira a terminar de una vez por todas con el desfase. Para ello no sólo hará falta la aprobación de ese crédito extraordinario de siete millones de euros, sino que habrá que habilitar una partida en los próximos presupuestos autonómicos que los expertos calculan en unos 40 millones. Tal cantidad es variable habida cuenta que el número de personas con derecho a la PCI varía cada año.

A la espera de cerrar el mapa

El éxito obtenido por la sociedad canaria a la hora de materializar su oferta de solidaridad a los refugiados por la guerra de Siria se plasma en un mapa de recursos que la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, calificó ayer como “provisionalísimo”, dado que aún siguen llegando ofrecimientos a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, que lidera esta tarea marcada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a todas las comunidades autónomas durante la reunión celebrada el pasado día 7 de los corrientes. Aunque Hernández destacó la disposición mostrada por particulares y asociaciones tales como cofradías de pescadores, obviamente son los cabildos y los ayuntamientos quienes, por lógica, deben llevar el peso de tal esfuerzo como administraciones públicas que son. De las corporaciones insulares, ya son cinco (Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura) las que han formalizado su aportación. En cuanto a los restantes, Podemos ha presentado al Cabildo de El Hierro una solicitud para que declare qué instalaciones y plazas puede ofrecer para la acogida de personas refugiadas en la isla, en su condición de “isla-refugio”, compromiso adquirido por unanimidad por esta corporación. El consejero herreño por Podemos, Amado Carballo, recordó que tal moción, aprobada por unanimidad, fue presentada por el PSOE y que “la totalidad de los grupos políticos han asumido un compromiso ineludible en la defensa de los Derechos Humanos de estas personas”, señala en un comunicado. Carballo asegura que este compromiso no es baladí y que llevarán un seguimiento de su cumplimiento ya que, sostiene, “no hemos llegado al Cabildo para aprobar mociones de cara a la galería”. En cuanto a los municipios, fuentes de la Consejería destacaron la premura con que algunos, como por ejemplo ocurrió con San Juan de la Rambla, presentaron una detallada documentación de sus recursos a la hora de hacer frente, en lo posible, a esta catástrofe humanitaria que, por ahora, la UE no sabe gestionar.

Listas de dependencia
En cuanto al escándalo del maquillaje en las listas de atendidos por la dependencia, Hernández declinó la oportunidad de realizar juicios de valor, si bien reconoció que es obvio que las estadísticas tienen que reflejar necesariamente la realidad.

La nueva responsable del área autonómica de Políticas Sociales sí que puso el acento en la necesidad de mejorar la atención de los dependientes en Canarias, y consideró escandaloso que siga existiendo una lista de espera de unas 12.000 personas para ser valorados a tal fin.

Confirmó la también vicepresidenta que las mejoras pasan por un plan de choque, para el que cuentan con la colaboración fundamental de los cabildos y, en menor medida, de los ayuntamientos. De su contenido no dio más detalles. Sólo confirmó que, lamentablemente, su alcance está determinado por los fondos que puedan obtenerse para llevar a cabo el mismo.

Crisis de los refugiados
El tercer gran tema de debate en el encuentro con los periodistas fue el de la emigración en sus distintas vertientes.

Ante el fracaso de la reunión de ministros del Interior de la Unión Europea, incapaces el pasado martes de alcanzar un acuerdo para aceptar una propuesta de acogida para 120.000 refugiados más, Hernández abogó de forma contundente por el cumplimiento de la ley, en alusión evidente a la legislación vigente en cuestión de asilo que rige para la Europa de los 28. Reconoció que, como adelantó DIARIO DE AVISOS en su edición de ayer, el mapa de recursos canarios a tal fin ha logrado en apenas una semana satisfacer el reto marcado por el presidente regional, Fernando Clavijo, de unas 600 camas.

Sobre el retraso en la atención a los irregulares de la patera llegada el pasado sábado al muelle de Arguineguín, la socialista compartió lo dicho por la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento: “Eso, sencillamente, no puede pasar”, sentenció.

Aspiran a blindar los fondos de empleo

Tras la catástrofe presupuestaria que para el Gobierno de Canarias supuso la llegada al Ejecutivo central del PP y su política de recortes, los mandatarios autonómicos parecen haber aprendido la lección y pretenden que los fondos que hasta entonces destinaba el Estado a fomentar el empleo en el Archipiélago queden blindados por ley.

Así lo explicó ayer la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, que durante un encuentro de periodistas reconoció que aspiran a incluir el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) como parte del Régimen Económico y Fiscal de las Islas, cuya vertiente económica actualmente está en fase de negociación.

El interés de este gobierno regional por tales fondos no es meramente reivindicativo. Son considerados como herramienta clave para evitar el subsidio por el subsidio, o que instrumentos como la Prestación Canaria de Inserción se eternice con la contradicción que ello supone para una medida ideada precisamente para sacar del atolladero económico puntual.

Así, el objetivo es vincular los cursos de formación a la creación efectiva de empleo, ya sea vinculándolos a una política de rehabilitación de viviendas que incluya la formación de técnicos en energías renovables, ya primando la contratación pública a una reserva de puestos laborales para los parados residentes, ya ligando la cesión de terrenos a empresas foráneas a esta causa… Todo ello partiendo de una base: el propio ministerio reconoce que Canarias gasta los fondos de empleo eficientemente.