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El Supremo decidirá el futuro de la Fundación CajaCanarias

Imagen de la actual sede de la Fundación Cajacanarias, en Santa Cruz de Tenerife. | DA
Imagen de la actual sede de la Fundación Cajacanarias, en Santa Cruz de Tenerife. | DA

El futuro sobre el control de la Fundación CajaCanarias, una institución fundamental para la sociedad isleña en general y particularmente para la provincia tinerfeña, pasa por la decisión que adoptarán al respecto los jueces del Tribunal Supremo (TS) y que, vistos los plazos habituales de este alto tribunal, puede hacerse pública antes de final de año.

La noticia no deja de resultar sorprendente, dado que ninguna de las dos partes implicadas hizo público en su día que el litigio abierto tras la intervención efectuada por el Gobierno de Canarias, entonces presidido por Paulino Rivero, seguía vivo en los tribunales. Eso sí, el anterior patronato (presidido por Álvaro Arvelo) siempre manifestó un especial interés en demostrar ante la Justicia que toda la actuación llevada a cabo en el proceso de conversión a la fundación se realizó con absoluto respeto a la legislación vigente.

El patronato original recurrió la decisión adoptada el pasado mes de enero por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que dio por buena la referida intervención gubernamental, en información captada en fuentes judiciales y que ha sido corroborada por un portavoz autorizado del Ejecutivo autonómico.

De la importancia de este litigio da buena cuenta el hecho de que el patrimonio de esta fundación no desmerece al excelente desempeño que en su día marcó la actuación de esta caja de ahorros, con diferencia la mejor de Canarias y que, a diferencia de otras muchas de España, no se ha visto salpicada por escándalo alguno de corrupción tanto en relación con el proceso de fusión que devino en Banca Cívica como en la salida a Bolsa de la misma. Según la Memoria y Cuentas Anuales correspondiente a 2014 de la Fundación Cajacanarias, tal patrimonio asciende a la nada despreciable cantidad de 221.601.342,01 euros, puesto que a la destacadísima herencia resultante de la firma original hay que sumar el importante paquete de acciones de Caixabank obtenido tras la integración de Banca Cívica en la poderosa entidad de origen catalán.

En cuanto al momento procesal de esta llamativa controversia judicial, que decidirá si finalmente fue acertada la intervención del Gobierno de Canarias o si, por el contrario, el control de la entidad debe ser ejercitado por el Patronato original, hay que destacar que el recurso se presentó en tiempo y forma y que cuenta con posibilidades de prosperar, no en balde pasó el exigente corte de la admisión a trámite por parte del Supremo, algo sólo consigue aproximadamente el 10% de los que se presentan ante el mismo. Como quiera que ambas partes ya han presentado sus alegaciones, sólo resta que el Supremo anuncie su decisión.

Los hechos que nos ocupan encuentran su origen en el proceso de desmantelamiento de las cajas de ahorro, una eficiente singularidad del sistema financiero español desvirtuada por la irrupción de los poderes públicos en sus consejos de administración. Con la llegada de la crisis, las cajas iniciaron un proceso de absorciones que desembocó en una fagocitación de las mismas, al punto que apenas subsisten algunas firmas que, en casos como el de Bankia (heredera de Caja Madrid, Bancaja o la Caja de Canarias, entre otras) han tenido que ser rescatadas con dinero público que aún no se ha devuelto. En el caso de CajaCanarias, su solvencia no evitó que terminara siendo absorbida por Caixabank (antigua La Caixa). Fue al final del proceso de constitución de la fundación cuando el Gobierno de Canarias, que hasta entonces colaboró plenamente con el proceso, evitó registrar la misma dentro del plazo legal en enero de 2013 y, dos meses después, anunció por sorpresa su intervención en un caso que no tiene parangón en otros puntos del país. Desde el primer momento, la Justicia avaló la decisión del Ejecutivo al mantener el patronato nombrado por el Gobierno de Canarias, al entender que la ausencia de registro es imputable al patronato original dado que apuró mucho los plazos, lo que habría impedido al Gobierno actuar con la diligencia debida. Eso sí, hay que tener en cuenta que, si bien el plazo original era de seis meses, en la práctica sólo se podía actuar a partir del 15 noviembre, unos 40 días antes del final del plazo.

En el Ejecutivo regional hay plena confianza en que la Justicia termine por dar la razón a lo actuado, si bien manifiestan su absoluto respeto a la decisión que finalmente se adopte.

De cualquier modo, hay que tener en cuenta que la tensión surgida cuando se produjo la intervención se ha desvanecido. A ello contribuyó enormemente el nombramiento de Alberto Delgado como presidente del actual patronato, un hombre de la casa bien valorado en ambos lados. También resulta relevante que Fernando Clavijo, hoy presidente del Gobierno de Canarias, criticó públicamente la intervención cuando se produjo y se manifestó favorable a un acuerdo.