El Gobierno de Canarias se ha comprometido a paralizar el reglamento regulador del alquiler de viviendas vacacionales, que entró en vigor el 29 de mayo pasado y acabó con el vacío legal existente en este sector de modalidad alojativa. Se trata de una disposición poco meditada y un tanto sectaria, que aprobó, deprisa y corriendo, al final de su mandato, el Ejecutivo de Paulino Rivero para desarrollar un aspecto contemplado en la Ley de Renovación y Modernización Turística. El reglamento no gustó a los titulares de viviendas dedicadas al alquiler vacacional o turístico, quienes consideran que, más que liberalizar el arrendamiento, establece una serie de prohibiciones, limitaciones y condicionantes que hacen inviable el cumplimiento de las normas vigentes en la Unión Europea. La mismísima Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de amenazar al Gobierno autonómico con acudir a los tribunales de Justicia si no son modificados algunos aspectos de muy dudosa legalidad recogidos en el reglamento de marras. También los empresarios agrupados en la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional critican con dureza esa norma, por entender que discrimina a los titulares de las viviendas de alquiler en aquellas zonas turísticas que, por su propia naturaleza, son más apropiadas para el desarrollo de la actividad, que además sólo es autorizada si las casas cumplen determinados equipamientos o tienen unas dimensiones prefijadas. En definitiva, el discutido precepto contiene una serie de fiscalizaciones e intervenciones administrativas que impiden la eficiente prestación del servicio en un régimen de libertad, competencia y libre acceso en beneficio de los consumidores. No diré yo, como la citada asociación, que el reglamento se hizo pensando tan sólo en el sector hotelero, pero es obvio que -tal y como está redactado- tal parece su exclusivo fin al prohibir el alquiler en las principales zonas turísticas, donde se han establecido en torno al 90% de las viviendas vacacionales, de las que viven unas 50.000 familias. Con buen criterio, el actual Gobierno autonómico se ha proporcionado una cura de realismo y ha decidido empezar de nuevo para, con mejores fundamentos jurídicos, acabar con la alegalidad existente en el sector del alquiler vacacional. Se ha proporcionado una cura de realismo y ha decidido empezar de nuevo para, con mejores fundamentos jurídicos, acabar con la alegalidad existente en el sector del alquiler vacacional.