“El plazo de resolución se dictará en un máximo de tres meses, pero cuando la resolución no se dicte en dicho plazo, la solicitud podrá entenderse desestimada en virtud de la excepción del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Ante dicha desestimación por silencio administrativo podrá presentarse una reclamación administrativa previa a la vía judicial laboral”. Este texto está extraído del procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad establecido por el Gobierno de Canarias, una calificación por la que llevan esperando al menos un año unas 17.000 personas en las Islas.
La cifra, apuntada ayer por la diputada del PP Josefa Luzardo en comisión parlamentaria, coincide con las denuncias de entidades como la plataforma Tenerife Discapacidad y CERMI Canarias, y es muy similar a la ofrecida en julio de 2014 por el Ejecutivo que presidía Paulino Rivero. Entonces, la propia Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, que dirigía la nacionalista Inés Rojas, admitió en una respuesta parlamentaria a la diputada Milagros Bethencourt (PP) que había 16.631 personas que no podían disfrutar de los derechos que posiblemente poseían a causa de un notable “colapso” administrativo (cerca de 11.000 siguen esperando la evaluación).
Lejos de mejorar, la situación ha empeorado en el último año, ya que ese dígito no ha parado de crecer. Por este motivo, la actual vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales del Gobierno regional, Patricia Hernández, recordó ayer en la citada comisión parlamentaria que se ha fijado como “objetivo primordial” dar respuesta al número de solicitudes para el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad y su calificación, en los correspondientes dictámenes e informes que permiten el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios que los organismos públicos otorgan. Para lograrlo, Hernández explicó que se va a reorganizar la gestión con un apoyo administrativo, criterios y “protocolos claros y comunes para las siete islas”. De igual modo, la vicepresidenta aseguró que se va poner en marcha una nueva herramienta informática “que permitirá una más ágil y eficiente gestión de los expedientes dentro de los centros base y los servicios de información”. Por ende, Patricia Hernández insistió en que se dotará de más personal para “crear nuevos equipos de valoración, formados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, que contarán además con el apoyo administrativo de auxiliares para la gestión de los expedientes”.
En esta misma línea, la consejera anunció la puesta en marcha de un Plan Canario de Atención a las Personas con Discapacidad, que relegue un plan de Atención a la Discapacidad que caducó en 2010 y que, según ella, “no aspiró a trazar una política real de verdadera inclusión social”.
“Plan de choque” en dependencia
La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, anunció en el Parlamento que su departamento impulsará un “plan de choque” para dotar de personal necesario al área de Dependencia, además de contratar un refuerzo especial “que de forma puntual nos permita analizar y resolver los miles de expedientes que nos encontramos amontonados, para dar una respuesta a esas 12.000 personas que nos necesitan”. De igual modo, la responsable de Políticas Sociales manifestó que el Ejecutivo dotará de recursos económicos suficientes a la Consejería para hacer frente a los resultados del trabajo realizado por el personal, “con las consiguientes altas en nómina”, aclaró. Hernández confirmó también que la tramitación de la Ley de Crédito Extraordinario permitirá seguir dando altas y abonar una gran parte de la deuda contraída con los familiares de los dependientes fallecidos.