Al lugar donde mi abuelo plantaba las papas y tenía las uvitas no llegaba cualquiera así como así. Íbamos cargados por ahí p’arriba durante tres cuartos de hora como los del flan Tamatina. La cosecha se sacaba con burros que a la ida se cargaban de estiércol y aperos, y a la vuelta se cargaban de papas. Sólo nos acechaban los cernícalos. Hace bastante tiempo de esto, pero no recuerdo haber visto nunca ningún inspector de Trabajo por aquellos andurriales. Tampoco me lo imagino interrogando a mi abuelo y a mis tíos acerca del vínculo de quienes les ayudábamos. Si eso hubiera sucedido, en aquel barranco sin ley, y mi familia con el naife atravesado, pudiera haber ocurrido una desgracia. Era otro planeta, no sé si ni siquiera existía la Inspección de Trabajo. Ahora sí, afortunadamente existe para velar contra las relaciones laborales encubiertas o fraudulentas. Lo que sucede es que, en numerosas ocasiones, y en este escenario local, rural y familiar que, a pesar de todo, sobrevive en nuestro isleño y montañoso país, los inspectores de trabajo se han convertido en un incordio acosador que provocan el malestar de nuestros pequeños y sufridos agricultores y amenazan con cargarse este aspecto de nuestra cultura comunitaria y, con ella, el último aliento del mago y su familia que son quienes sacan nuestra cosecha adelante.

Legalmente este acoso está injustificado, pues el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores dice que se excluyen de este ámbito de aplicación los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia, buena vecindad y familiares. Además, sabiendo que el 90% de nuestros agricultores no son profesionales, que la media de edad ronda muy por encima de los 58 años, y que el tamaño de nuestras explotaciones es una sexta parte de las españolas y europeas, se entiende fácilmente que, sobre todo en épocas de vendimia, el total de horas trabajadas las realiza la familia and friends. Pero los inspectores de trabajo siguen apostados detrás de los matos a ver si trancan a alguien en una relación laboral ilegal. Por eso creo que, tanto el Gobierno de Canarias como la Inspección de Trabajo, deberían sentarse para adaptar las normativas y dejar de ver en nuestros agricultores el enemigo a batir. ¡Hombre por favor!