Al final de la octava legislatura, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias enfrentó a los grupos del Gobierno regional (CC y PSOE) con la oposición (PP y NC-Mixto), aunque más por una cuestión de forma que de fondo. La iniciativa fue aprobada en marzo de este año con los únicos votos a favor de sus promotores. A pesar de las discrepancias y de los reproches mutuos de “oportunismo político”, no se cerró del todo la puerta al diálogo. Sin embargo, ni unos renunciaban a la tramitación en las Cortes, acordada por el Congreso de los Diputados el 24 de abril, ni los otros a la devolución del texto a la Cámara canaria para empezar de nuevo.
Desde los grupos Socialista y Nacionalista insisten en que desandar el camino recorrido supondría retrasar la modernización de un marco jurídico carcomido por la rápida evolución de los acontecimientos. Hasta ahora, tanto José Miguel Ruano (CC-PNC) como Iñaki Lavandera (PSOE), designados para la defensa de la tesis, se han mantenido firmes en esa posición. En concreto, el portavoz socialista ha mostrado su confianza en que la alianza electoral con Nueva Canarias, firmada el domingo, facilite el proceso. “Sería bueno que presentaran enmiendas y así mejoraremos la propuesta entre todos”, comentó ayer Lavandera en declaraciones a este periódico. Pero el documento del referido acuerdo incorpora un punto que contradice semejante criterio: “El PSOE y NC impulsarán la aprobación por el Parlamento de Canarias de un nuevo Estatuto de Autonomía”. Además, el borrador del programa electoral del Partido Socialista plantea la supresión de los aforamientos de los estatutos. El de Canarias se limita a restringirlo a “los hechos cometidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias”. Corresponderá al Tribunal Superior de Justicia decidir, “no en casos cometidos fuera del ejercicio de su trabajo como diputado”. Según Iñaki Lavandera, eso se podría cambiar sobre la marcha, durante el debate.
Uno de los aspectos más controvertidos es el de la modificación del sistema electoral, que el PP y también NC quieren acometer aparte. Estos partidos registraron junto a Podemos una solicitud para la creación de una comisión de estudio que derive en un modelo “más proporcional y menos restrictivo”.
Román Rodríguez da por amortizado el proyecto estatutario, porque está convencido de que ha decaído. No está claro que sea así; al menos, para este tipo de leyes. El enigma se complica.