El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, como ya hizo el 31 de agosto, volverá a sentar esta tarde a todas las partes implicadas en el mantenimiento del Polígono Industrial Valle de Güímar con el deseo de firmar un acuerdo definitivo para la constitución de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) y aprobar sus estatutos, objeto de controversia entre los implicados.

La llamada guerra de la raya azul -a raíz de que la alcaldesa de Güímar delimitara el suelo municipal del de Arafo en el Polígono- lejos de apaciguarse tras el acuerdo del Cabildo del último día de agosto, no ha ido más que acrecentándose, tanto que los ayuntamientos de Candelaria y Arafo han aprobado unos estatutos que no cuentan con el consenso necesario, al estar totalmente en contra de los mismos el Ayuntamiento de Güímar y la asociación de empresarios. Será el Cabildo, esta tarde quien determine si, como dice Candelaria y Arafo, esos estatutos recogen la filosofía del acuerdo tomado aquel último día de agosto.

En realidad, viendo uno y otros estatutos, las grandes diferencias, y por tanto los principales escollos a salvar, radican en la duración de la EUC (4 años para los empresarios y Güímar y 20 para Candelaria y Arafo), en la contratación del agua (unos quieren que siga siendo Tagua y otros que se contrate con Aqualia) y quiénes son los responsables de regar los jardines, y en menor medida, la seguridad del Polígono.

Según recogen los estatutos que presentará hoy el Ayuntamiento de Güímar, con el apoyo de los empresarios, estas son las modificaciones realizadas al borrador del mes de mayo, y que no aceptan los otros dos ayuntamientos que recepcionaron el Polígono hace más de dos años.

El apartado a) del artículo 3 dice: “La Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial del Valle de Güímar tendrá una duración de cuatro años , transcurridos los cuales las Administraciones competentes se harán cargo del coste de todos los servicios públicos y el mantenimiento de la urbanización y se extinguirá obligatoriamente la Entidad constituida”.

El apartado 2-A del artículo 4 recoge que “la conservación, mantenimiento de viales, aceras, parques, zonas verdes, jardines, infraestructuras de servicio común, canalizaciones y registros, y en general, de las obras de urbanización ejecutadas referido todo ello al ámbito del Polígono, bajo las directrices y vigilancia de la administración competente, así como la contratación y financiación de las anteriores…”.

Otro escollo será el apartado e), que recoge “contratar directamente las obras, suministros y servicios de toda clase exigidos por las necesidades de mantenimiento, conservación, sin perjuicio de las que corresponda a los respectivos municipios, en la prestación de los servicios esenciales que le son propios y referidos a la limpieza viaria y alumbrado público, así como el suministro de agua de riego para las zonas verdes”. Y entre las funciones complementarias se recoge: b) “La contratación y gestión para el suministro, de los servicios generales de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica y otros servicios públicos competencia de la entidad conforme estos estatutos”, añadiéndose, por si no queda claro, que es “indispensable”, porque “corresponde a los ayuntamientos el servicio del agua potable y alumbrado público y servicios como barrer las calles, no a la entidad”, insistiendo además en “incluir el acuerdo de seguir con Tagua en las mismas condiciones”.

En el apartado b) de gastos, estos estatutos indican que “ no obstante lo previsto en el apartado tercero, letra b), los tres ayuntamientos asumirán el coste de la facturación del alumbrado público, así como de su conservación, mantenimiento y reposición y la limpieza viaria. Asimismo prestarán el servicio de suministro de agua potable y recogida de residuos sólidos urbanos, mediante el pago por los propietarios del correspondiente precio, salvo que se acuerde por la Entidad Urbanística de Conservación que la prestación de dichos servicios sea gestionado por esta”.

También quieren dejar claro los estatutos que defienden los empresarios que “será de cuenta y cargo de los respectivos ayuntamientos costear íntegramente los servicios públicos y urbanización de la parte que corresponda a núcleos poblacionales situados en el ámbito urbanístico del polígono industrial, Playa La Viuda, El Socorro y Playa de Lima”.

Por último, en las disposiciones de gastos, “los propietarios integrados en el Polígono garantizarán por medio de sus cuotas una aportación mínima de 200.000 euros anuales para el cumplimiento de las obligaciones de la entidad”, cantidad que incluso podría llegar a los 250.000 euros, como se recoge en los otros estatutos.