La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha citado a declarar en calidad de imputado por un posible delito de prevaricación administrativa al alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso, en relación a la concesión de licencias y funcionamiento de los mercadillos.
La resolución, de fecha 8 de septiembre, es consecuencia de la denuncia presentada el 12 de febrero de este año por la plataforma vecinal Vigía, que puso en conocimiento de la Justicia las supuestas irregularidades cometidas por Lope Afonso, quien entonces se desempeñaba como concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Concesiones Administrativas, en los mercadillos existentes en la ciudad en ese momento, ubicados en la avenida Marqués Villanueva del Prado (frente al Centro Comercial La Cúpula); la plaza de Francisco Afonso Carrillo (en la parte superior de la estación de guaguas) y la plaza de Europa. Todas estas anomalías han sido puestas de manifiesto en un informe de la Policía Local.
La Fiscalía entiende que los hechos expuestos por el presidente de la plataforma, Pedro Pérez Rolo, pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y procedió a abrir diligencias informativas de investigación, para lo que se recabó toda la documentación necesaria relativa a los hechos. El denunciante puso en conocimiento la existencia de “graves irregularidades en la concesión de licencias o autorizaciones administrativas para la utilización de puestos de mercado en los diferentes mercadillos existentes en el municipio, concediéndolas de forma arbitraria sin sin atender a exigencias legales”.
La Justicia constató que a pesar de existir en ese momento una normativa específica en la materia por parte del Ayuntamiento, la ordenanza municipal reguladora de la Venta Fuera de Establecimiento Comercial, estos permisos se otorgaron sin la tramitación correspondiente y con la “vulneración de las disposiciones legales vigentes”. En lo dispuesto en la citada ordenanza, aprobada en noviembre de 2004, se estableció expresamente la necesidad de conceder licencia para la utilización del espacio público destinado a mercadillo, una facultad que recaía en el entonces alcalde Marcos Brito pero que se encontraba delegada en Lope Afonso. El auto pone de manifiesto que el edil, “a pesar de ser plenamente consciente de la necesidad de acudir al acto administrativo para los fines descritos, voluntariamente procedió, de forma arbitraria, a conceder autorizaciones verbales para el uso referido vulnerando las exigencias legales para ello”.
De esta manera, según consta en el documento, la entidad Mercadillos del Atlántico, con domicilio en Adeje, ocupó suelo público en la plaza de Europa y desarrolló su actividad allí al menos desde el 25 de noviembre de 2012 hasta el 21 de julio de 2013. En los mismos términos David Semelak ocupó la superficie cercana a los 500 metros en la avenida Marqués Villanueva del Prado y colocó un mercadillo desde el 3 de febrero hasta el 12 de mayo en días discontinuos, “sin la preceptiva licencia municipal, sin la liquidación previa y con pleno conocimiento y autorización del concejal”.
La Fiscalía entiende que de este modo “se privó a cualquier persona física o jurídica el poder obtener una licencia para poder participar o concurrir a la colocación de un puesto en los mercadillos referidos, al no cumplirse los principios esenciales de publicidad e igualdad”.
El Ministerio Fiscal aprecia indicios razonables de un delito de prevaricación administrativa, tipificado en el 404 del Código Penal, sin perjuicio de que durante el procedimiento de instrucción también se aprecie la comisión de otras figuras delictivas, por lo que interpone denuncia y cita a declarar a Pedro Pérez Rolo; al secretario y al interventor del Ayuntamiento; al jefe de la Policía Local de Puerto de la Cruz, Francisco José Gómez Pérez, a los efectos de que explique el contenido de los informes en los que se ponen de manifiesto estas irregularidades; a los representantes legales de las empresas y a Lope Afonso como imputado.
TRANQUILIDAD
Consultado sobre su imputación y declaración, el alcalde aseguró a este periódico que todavía no se le ha notificado “absolutamente nada” y de ser así, “mantiene la misma tranquilidad” que expresó en su momento cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía, dado que está convencido de que no ha hecho “nada que sea penalmente reprochable”. Además, recalca que “confía plenamente en la Justicia” y anuncia que cuando tenga conocimiento del auto se pronunciará sobre este asunto de manera formal mediante un comunicado.