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Fotos ANDRÉS GUTIÉRREZ

Por Verónica Martín

Arantxa Figueroa Cruz es de esas personas convencidas de que las “cosas hay que hacerlas bien”. Ha soñado desde antes de saber escribir con ser abogada y su sueño se cumplió con muchas horas de estudio y saltándose hasta los Carnavales (aunque reconoce que no es muy carnavalera). Hoy en día dirige el despacho AFC Abogados y acaba de abrir una división AFC de gestión de fincas. Su bufete atiende todo tipo de casos jurídicos pero ella está especializada en Derecho Urbanístico, una disciplina un tanto desconocida pero que, en los últimos tiempos, se ha impuesto como prioritaria.

-¿Por qué eligió usted la abogacía como forma de vida?

“Mi familia cuenta que cuando solo tenía dos años decía que quería ser abogada. Cuando terminé mis estudios de Secundaria y COU, efectivamente, no contemplé otra opción que estudiar Derecho y, además, sabía que entraba por nota”.

-¿Cómo es posible tener tan claro a los dos años una profesión como esta?

“Yo también me sorprendo, pero me lo dicen hasta las vecinas de mi abuela. En mi familia hay abogados pero no en mi entorno más cercano”.

-La idea de que los que estudian Derecho están todo el día encerrados entre libros, ¿es un mito o una realidad?

“Una realidad absoluta. No quedaba otro remedio. En épocas de exámenes no levantabas la cabeza de los libros. Era estar encerrada en la biblioteca hasta las seis de la mañana cada día. Encima, en Derecho la época de exámenes acababa en marzo por lo que… no había Carnavales para nosotros”.

-Hoy en día es la responsable del bufete AFC Abogados. ¿Qué servicios puede dar su despacho?

“Nosotros damos servicio a cualquier área del Derecho, contamos con todas las especialidades jurídicas aunque yo me especialicé en urbanismo. Llevamos numerosas reclamaciones patrimoniales contra la Administración pública, negligencias y colectivos de médicos y enfermeros, entre otros casos. Por ejemplo, actualmente estamos llevando a un grupo de enfermeros de la OPE del HUC que reclaman ante unas bases que consideran injustas y desiguales”.

-La especialidad que eligió, el Urbanismo, es algo relativamente nuevo en Derecho… ¿Por qué se decanta por ello?

“En el año 2002-2003 el Urbanismo era una gran novedad y me atraía mucho, por lo que hice un máster en Madrid de esta especialidad que posteriormente continúe con el Máster Urbanístico de Canarias. En realidad se trata de una materia muy joven legislativamente y por eso es una gran desconocida”.

-Esa juventud de las leyes… ¿es lo que ha generado tantos problemas?

“La ordenación territorial, urbanística y de los espacios naturales protegidos en Canarias ha experimentado un fulgurante proceso de desarrollo en las tres últimas décadas a raíz de que la Comunidad autónoma ha asumido estas competencias. La creación de un modelo estructurado y jerarquizado que aglutine de modo coherente los tres ámbitos de actuación, la articulación de los diferentes niveles competenciales en el Archipiélago y la formulación de un modelo de desarrollo territorial sostenible. En el caso de Canarias, el desarrollo normativo vino dado por la promulgación de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. Desde un principio esta ley estaba condenada a una vida intencionadamente corta toda vez que en su Disposición Final Primera se autorizaba al Gobierno para proceder, en el plazo de un año, a la elaboración de un Texto Refundido de sus disposiciones con las leyes 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias y 13/1994, de 22 de diciembre, de Modificación del Anexo de la Ley anterior. De esta forma nace el nuevo Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. Por su estructura y contenido se trata de una ley compilatoria que subsume todas las materias sectoriales que tienen que ver con el territorio, sus usos y su preservación”.

-¿Cuál es la principal consecuencia que hemos tenido de esta circunstancia?

“El resultado no podía ser otro que un marco legal que se desbordaba continuamente, en donde el urbanismo ilegal campaba por sus respetos, las tramas urbanas crecían desordenadamente con fuertes costes públicos, ambientales y paisajísticos, y espacios naturales emblemáticos, que se decían formalmente protegidos, estaban afectados por procesos de degradación irreversibles. La razón no es otra que la incapacidad gestora, inspectora y disciplinaria de las administraciones públicas para llevar a cabo lo legislado. La falta de iniciativas de renovación de la planta alojativa y el espacio urbano en los enclaves turísticos es el mejor indicador de la incapacidad de las administraciones para aplicar el principio de unidad de explotación. Consecuentemente, el conocimiento de los ciudadanos resulta quimérico”.

-¿Un ejemplo de ello lo tendríamos en los problemas que tenemos en una capital como Santa Cruz de Tenerife con su Plan General de Ordenación?

“No se puede estar más de una década pendiente de la aprobación del Plan General de Ordenación, su aprobación tardía ha conllevado la paralización de proyectos que dinamizan la actividad económica y, por tanto generan, empleo”

-La gente piensa que el Derecho Urbanístico es algo que no va con ellos…

“Efectivamente, el derecho a la propiedad colisiona en ocasiones con la limitación de una actuación urbanística, se ha vivido durante años con la concepción de que podemos hacer lo que queramos en nuestra propiedad, hasta el punto que la autoconstrucción está muy extendida desde hace mucho tiempo. Hay gente que no cree que tenga que pedir permiso para hacer reformas en su domicilio…”.

-La realidad es que en Canarias tenemos un territorio nada ordenado…

“La actividad de ordenación se define como una competencia compartida por la Comunidad autónoma, las islas y los municipios, constituyendo un único sistema integrado y jerarquizado en el que los instrumentos de ordenación urbanística deben ajustarse a las determinaciones de ordenación de los recursos naturales y del territorio, lo que en la práctica supone la supeditación del planeamiento municipal a las competencias autonómicas e insulares. Nuestro suelo no está ordenado porque la planificación llegó después del desarrollo de la ciudad”.

-En todo este entramado, ¿qué papel juega un abogado como usted?

“Nuestro papel está en intervenir cuando un particular se ve afectado por la planificación, por un cambio de uso de su suelo, las prohibiciones o limitaciones en el desarrollo de su suelo, otorgamiento de licencias, contratos, en la actualidad son numerosos los asuntos de licencias urbanísticas o de responsabilidades que tiene que asumir la administración ante equívocos varios”.

-En la población hay una sensación generalizada de injusticia urbanística porque, por ejemplo, se dan casos de negocios que no pueden poner toldos o mesas y luego se ven grandes empresas que hacen un poco lo que quieren… ¿es así?

“Si atendemos a que la aprobación del PGO ha tardado más de 12 años y a que cada actuación urbanística que el ciudadano quiera realizar conlleva una carga burocrática excesiva que el ciudadano tiene que soportar, pues podremos entender esa sensación generalizada. Una licencia de obra conlleva una demora descomunal, es la traba administrativa la que, efectivamente, impide que los procedimientos se agilicen”.

-A esto se suma el desconocimiento. ¿Cuáles son los principales problemas que se derivan de esto?

“El problema está en que cada ayuntamiento tiene unas determinadas exigencias: unos son más estrictos que otros e, incluso, hay diferencia de criterio entre técnicos de un mismo ayuntamiento. Esto genera indefensión en el ciudadano: poca o errónea información, hay gente que quiere iniciar actividades y se ve impotente ante estos problemas… Por esto, resulta conveniente asesorarse jurídica y técnicamente desde el primer momento”.

-¿Hasta qué punto el color político afecta a los ciudadanos en materia de Urbanismo?

“Las competencias están en manos de los ayuntamientos, se han antepuestos intereses personales y partidistas al interés general de Santa Cruz, ello ha provocado una parálisis urbanística, la huida de inversiones y el desarrollo de proyectos que dinamizarían la actividad económica y, por lo tanto, generarían empleo”.

-Pero ¿la normativa no es igual para todos?

“La norma no cambia pero la interpretación y la aplicación sí… y ahí vienen los problemas”.

-¿Cómo solucionar los problemas de excesos en materia urbanística?

“Primeramente en la capacidad gestora de las administraciones y su agilización burocrática, atendiendo a las necesidades sociales en un momento dado y que entre los modelos teóricos propugnados por la normativa y la realidad territorial de Canarias hay que encontrar un punto medio que permita llevar a cabo una ordenación del territorio realista y posible”.

-¿Debemos acudir a bufetes de abogados especializados antes de hacer algún tipo de obra?

“El consejo que daría es que el ciudadano cuando va a pedir una licencia no abandone el proceso. El seguimiento es lo que lleva a que las cosas salgan antes, ya que la administración se excede en muchos tiempos”.

-¿En la capital tinerfeña es real el miedo que tiene mucha gente de que se tiren sus casas?

“No se van a tirar sus casas. La principal consecuencia del Fuera de Ordenación es que impide a los propietarios realizar obras de consolidación ni las que aumenten el valor de la edificación. En definitiva, no se pueden llevar a cabo trabajos de afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados de la estructura del edificio”.

-¿La confusión sirvió para que muchos hicieran caja también?

“Sí, y muchos siguen haciendo caja con esto. El sistema del Fuera de Ordenación es difícil de entender para la opinión pública, ya que está en juego que la vivienda -uno de los bienes familiares adquiridos con mayor esfuerzo-, no tenga un valor garantizado para siempre”.