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El Cabildo se ve obligado otra vez a mediar en la ‘guerra del Polígono’

La alcaldesa de Güímar y los portavoces del PP de Candelaria y Arafo se reunieron con los empresarios. / DA
La alcaldesa de Güímar y los portavoces del PP de Candelaria y Arafo se reunieron con los empresarios. / DA

El Cabildo de Tenerife, como ya hizo a finales de agosto, se ha visto obligado a citar de nuevo a los contendientes de la guerra del Polígono Industrial Valle de Güímar para intentar alcanzar la paz definitiva que dé con el parto de un ente que se encargará del mantenimiento de la zona.

La reunión tendrá lugar el próximo jueves y la misma ha sido convocada por el presidente insular Carlos Alonso, ante la falta de entendimiento entre los ayuntamientos de Candelaria y Arafo, que ya han aprobado unos nuevos estatutos para crear la entidad de conservación, y el Ayuntamiento de Güímar y los empresarios de la zona, no confundir con la Junta de Compensación, cuyo gerente, Antonio Daroca, ha mostrado un acercamiento a los estatutos llevados a los plenos de Candelaria y Arafo, según manifestó el edil de Urbanismo candelariero, Fernando Alduán.

Sin embargo, un par de horas después de que el Pleno de Candelaria aprobara -con los votos de PSOE y CC y la abstención de Sí se puede- los estatutos de la EUC, en el propio Polígono, empresarios y representantes del Partido Popular de los tres ayuntamientos del Valle, encabezados por la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, insistían en que esos estatutos “no recogían la filosofía del acuerdo del Cabildo del 31 de agosto”, según señaló la presidenta de la asociación de empresarios, Raquel Malo. En la citada reunión se detallaron los incumplimientos de Candelaria y Arafo en esos nuevos estatutos, para concluir que “son nulos de pleno derecho”, y Raquel Malo no descartó que “tenga que ser la Justicia quien nos quite o dé la razón”, dejando claro que los empresarios defienden los estatutos elaborados por Ayuntamiento de Güímar, menos lesivos para ellos.

Tres secretarios y dos varas de medir

Toda la polémica surgida en torno a la entidad de conservación del Polígono Industrial Valle de Güímar va más allá de sus estatutos, porque a lo que primero nos enfrentamos es a saber si realmente es obligada o no la creación de ese ente una vez que la instalación ha sido recepcionada por los tres ayuntamientos. Para el secretario municipal de Candelaria, el palmero Octavio Fernández, la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), que así se denominan en los polígonos industriales, es obligatoria e indefinida en el tiempo, mientras que para la gomera Marisa Santos, secretaria municipal de Güímar, la EUC no es en ningún caso obligatoria y más cuando los ayuntamientos ya recepcionaron hace dos años el Polígono, con la obligación de su mantenimiento, como deberían tenerlo antes desde que empresarios pagan el IBI y otros impuestos.

Ruth Arteaga, la secretaria de Arafo -que además ejerce de interventora en Güímar- se suma a las tesis defendidas de Fernández, siendo partícipe de unos estatutos que podrían acabar en la Justicia, porque para otros “son nulos de pleno derecho”.