La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del Gobierno regional aprobó ayer la suspensión del Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna en el ámbito de Las Chumberas, lo que permite iniciar los trabajos en esta urbanización del municipio. El alcalde, José Alberto Díaz, mostró su “satisfacción” por esta aprobación, ya que “cada vez está más cerca la reposición” de estas viviendas afectadas por aluminosis, detectada en 2009 y que ha obligado al realojo de muchas familias.
Aun así, todavía faltan varios pasos importantes para poder iniciar los trabajos de derribo. En concreto, para la firma definitiva del convenio plurianual, prevista para el pasado septiembre, las administraciones implicadas han de dar antes su visto bueno a la modificación que hizo el Ministerio de Fomento, y por la que el Estado propuso dividir la primera fase de las obras de reposición en dos sub-fases.
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ya ratificó el convenio, así como el Ayuntamiento de La Laguna y solo se está a la espera de que haga lo mismo el Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional. “El presidente del Gobierno me dijo hoy [por ayer] que había reuniones convocadas para resolver eso, no soy el apropiado para dar plazos pero espero que sea en breve”, explicó José Alberto Díaz al respecto. Hasta entonces no se podrá poner una fecha en la agenda de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para que venga a Tenerife a firmar el convenio plurianual, en concreto, en el propio local social de esta urbanización. El alcalde espera que sea “cuanto antes”.
Mientras tanto, “la firma no nos está impidiendo hacer los preparativos necesarios para iniciar las obras”, explicó Díaz. En este sentido, concretó que ya se está trabajando en la redacción de los pliegos para sacar a licitación, en cuanto se firme el convenio, los trabajos de derribo de los primeros bloques, a través de Muvisa y de la Gerencia de Urbanismo. “No nos dejamos de mover para que todo esté listo”, destacó Díaz.
La primera fase de reposición del proyecto, que supone la demolición de ocho bloques con 144 viviendas y la reposición de otras 188, se traduce en una inversión de 25.300.000 euros, en los años 2015 y 2016, a repartir entre el Estado y las tres administraciones canarias.