Puede romperse el pacto en el cabildo de Tenerife. E incluso en el Gobierno regional. Depende de que el PSOE cumpla lo que ha firmado con CC, en la Corporación insular y en el Gobierno autonómico. Aun sin pretenderlo, el cierre del anillo es un asunto morrocotudo que puede ocasionar daños políticos irreparables. Lo ideal es que las partes en conflicto -el Gobierno autonómico, a través de su consejera de Obras Públicas, que ha actuado con cierta irreflexión y se ha metido en un buen charco por no medir a esta isla y a la de Gran Canaria por el mismo rasero, y el cabildo tinerfeño, con su presidente a la cabeza- dialoguen, rebajen tensiones y lleguen a un acuerdo satisfactorio, bajo coordinación del presidente Clavijo. Para mí, suspicacias de la corporación insular grancanaria aparte, la razón la tiene Carlos Alonso. Dentro de sus atribuciones, autonomía y con lealtad institucional, puesto que advirtió al jefe del Gobierno autonómico, obtuvo para el tramo Santiago del Teide-El Tanque, aún no iniciado, un adelanto, para el ejercicio de 2016, de 15 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras inversiones comprometidas en el Convenio de Carreteras para el cierre del anillo insular y la carretera de La Aldea, que por obvias razones de seguridad debe acometerse también pronto. Tenerife aspira, como ya hizo en tiempos de Galván Bello con la autopista y el aeropuerto del sur, a prefinanciar algunas obras, mediante convenio con Fomento, adelantando un dinero que en su día recibirá del Estado. Eso forma parte del Pacto por Tenerife suscrito por CC, PSOE y PP, del firmado entre nacionalistas y socialistas en el cabildo y asimismo del pacto autonómico entre estas dos formaciones. Gran Canaria ha podido realizar más y mejores obras de infraestructura que esta isla, donde no hay circunvalaciones ni vías que limiten el caos de tráfico diario. Ya es hora de que cada uno reciba lo que en justicia le corresponde. Tenerife no puede esperar más y dicha obra, que figura con carácter prioritario en el mencionado Convenio, merece todo el apoyo del Gobierno, y desde luego de su consejera de Obras Públicas. En otro caso, el presidente debe imponer su autoridad, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Me parece una cuestión de principios.