avisos políticos

La cuestión nacional

El nacionalismo siempre fue un problema para la izquierda, que se definía como internacionalista por principio: el nacionalismo era “la cuestión nacional”, el problema nacional. Lo de “proletarios de todos los países uníos” y “el capital no tiene nacionalidad” no fue un mantra exclusivo de las versiones más extremas del socialismo, como el marxismo o el leninismo, sino algo común incluso para el izquierdismo menos revolucionario. El nacionalismo y las teorías de la nación (de la que Rodríguez Zapatero decía que era un concepto discutido y discutible) eran denunciados como ideología burguesa y, por lo tanto, alienante, al mismo nivel que la religión, considerada “el opio del pueblo”. Por eso, en la Unión Soviética Stalin reprimió cruelmente, junto al campesinado, a los movimientos nacionalistas, y deportó a pueblos en masa, como los tártaros de Crimea, acusados de colaboracionismo con los nazis alemanes. Y, ante la realidad ineludible de que gobernaba un crisol de pueblos y culturas, organizó un federalismo en cascada meramente aparencial, vaciado de contenido por la rígida e inhumana disciplina del partido único comunista, con la rusa como cultura hegemónica y el ruso como lengua común obligatoria. Con la complacencia o la pasividad occidental, los soviéticos aplastaron a los defensores del Gobierno nacional polaco en el exilio de Londres y lanzaron sus tanques contra las revoluciones nacionales húngara y checa. Y, sin ir más lejos, en la España franquista los nacionalistas catalanes y vascos tuvieron serios problemas con la oposición clandestina comunista.

Sin embargo, las cosas en la izquierda parecen haber cambiado muchísimo. Porque desde el terrorismo etarra y los movimientos radicales abertzales hasta el independentismo catalán (y el nacionalismo canario), las fuerzas políticas que se reclaman izquierdistas no solo han abrazado la nueva religión del nacionalismo y del independentismo, sino que, con el fanatismo propio de la fe del converso, la han convertido en su razón de ser y en su objetivo político prioritario, a la par o por encima de sus reivindicaciones sociales. Y ahí tenemos el ejemplo de Cataluña como un caso paradigmático que ilustra lo que decimos. No en vano España es un país absurdo, en donde varios anarquistas (por definición negadores del poder y de las instituciones) fueron ministros en los Gobiernos de la Segunda República.
En la huida hacia adelante de su alucinada obsesión independentista, Artur Mas no ha tenido más remedio que sacrificar a Convergència i Unió, la coalición de centro derecha que, desde los tiempos de la Transición, lideró el catalanismo y el nacionalismo pactista de la burguesía y el empresariado de Cataluña. Ha propiciado la práctica desaparición de la escena política de los democristianos de Unió, sus antiguos y leales socios; ha comprometido seriamente la identificación electoral con Convergència de su electorado natural y, en definitiva, ha puesto en manos de la izquierda su posible investidura como presidente de la Generalitat y, lo que es peor, todo el proceso unilateral independentista catalán, lo que ellos llaman “la hoja de ruta hacia la independencia”. Y no de la izquierda de Esquerra Republicana, que podemos aceptar es una izquierda que se mueve -con dificultades- dentro de los límites del sistema, sino de la extrema izquierda radical y anti sistema de sus compañeros de Junts pel Sí y, sobre todo, de la Candidatura d’Unitat Popular, de la CUP, de cuyos votos depende.

En efecto, para conseguir la investidura de Mas, Convergència tendrá que hacer importantes concesiones ideológicas y programáticas a la CUP, porque el no hacerlas le llevaría a una situación aún peor, a una situación de búsqueda de otras alternativas, que le apartarían del poder. Uno de los principales líderes de la CUP acaba de declarar que, para investir al nuevo presidente, el Parlamento surgido de las urnas hace quince días tiene que realizar “los gestos necesarios de ruptura con el Estado español, y debe empezar a hacerlos antes de decidir quién preside la Generalitat”. Por si fuera poco, el cabeza de lista de Junts pel Sí, el izquierdista Raül Romeva, coincide con la CUP y considera “secundario” quién sea el presidente de la Generalitat. Al mismo tiempo, desde el independentismo se especula con la idea de designar a un presidente nominal de la República Catalana, sin poderes, para escenificar el cambio político que se está produciendo tras las elecciones. Por su parte, para preservar la legalidad, Mas sería el jefe del Ejecutivo catalán. Todo eso habría que decidirlo antes del 9 de noviembre próximo, fecha en la que se conmemora el primer aniversario del referéndum anticonstitucional sobre la independencia y en el que, curiosamente, también vence el plazo para la investidura.

Mientras tanto, los populares no saben no contestan y los socialistas nos intentan vender el humo de una reforma constitucional federal, sin querer enterarse de que España ya es un Estado federal y de los más descentralizados del mundo. El nacionalismo ha dejado de ser la cuestión nacional para la izquierda. Ahora el problema lo tenemos los que creemos que la Constitución no debe servir para arrancar sus páginas impunemente desde la tribuna del Congreso, a la que se ha accedido gracias a ella. Y mañana dicen que es la fiesta nacional.