El juez Alberto Torres, del Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar, decretó el martes el embargo de los bienes de los cinco empresarios que se dedicaron durante años a la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar de manera ilegal, al negarse a depositar una fianza preventiva que alcanza los 279 millones de euros, de cara al juicio que se iniciará el 15 de enero de 2016.

Entre los areneros se encuentra el expresidente de la federación de los constructores tinerfeños, Antonio Plasencia, al que se le pidió en diciembre una fianza de 66,4 millones de euros que ha ido dilatando en el tiempo, al igual que los otros cuatro areneros, uno de ellos, los Hermanos Morales, ya han vendido algunos de esos terrenos por apenas 7.000 euros o los herederos de Fulgencio Díaz, que no tendrán que responder en responsabilidad penal -se le piden a los cinco areneros, cinco años de cárcel- pero sí en la civil, al seguir su hijo como administrador de la empresa Áridos Puertito de Güímar SL. Se da la circunstancia de que en los terrenos donde esta empresa mantiene aún una maquinaria machacadora, se pretende construir, con el apoyo del Ayuntamiento, un gran parque temático, Mimiland Park.

Curiosamente, el Ayuntamiento de Güímar pide una indemnización por atentado ecológico a los cinco procesados de 209 millones de euros.

Ninguna de las empresas que llevaron a cabo la extracción de áridos en los barrancos de Güímar desde la década de los 90 hasta 2007 (Áridos del Sur SA, Hermanos Morales Martín SL, Áridos Atlántico SL, Áridos Puertito de Güímar SL y Extracción de Áridos Canarios SA) obtuvo permiso de la Dirección General de Urbanismo, calificación territorial, calificación de la actividad o para las actuaciones en dominio público hidráulico, aunque sí dispusieron de ese permiso con anterioridad.