El Gobierno de Canarias creará antes de que acabe el año una comisión mixta sobre la aplicación de la Ley de Costas en las Islas, foro donde estarán representados los ayuntamientos, a través de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y la Plataforma de Afectados por esta normativa (Pcalc). Miles de canarios están a expensas de expedientes sobre el dominio público marítimo terrestre y su zona de servidumbre de protección. La mesa de diálogo fue anunciada ayer por el presidente de esta plataforma, José Luis Langa, y confirmada por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con cuya titular, Nieves Lady Barreto, mantuvo una reunión.

Langa aseguró en un comunicado que su intención pasa por “crear un frente común entre todas las administraciones públicas, de tal manera que se genere un espacio de diálogo que podría derivar en la transferencia plena a Canarias de las competencias en materia de Costas”.

Esta comisión fue un compromiso electoral del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, por lo que el jefe del Ejecutivo asistirá a su constitución. La plataforma recuerda que “cientos de familias están amenazas por derribos en aplicación retroactiva de la Ley ” .

En febrero de este año, el Tribunal Constitucional, tras un recurso del Gobierno estatal, anuló varios artículos de la ley canaria que atribuía a la Comunidad Autónoma decidir qué núcleos eran urbanos antes de entrar en vigor la Ley de Costas de 1988, y, así, fijar la anchura de la servidumbre de protección en 20 metros, y no en los 100 que se aplican si es suelo rústico. Con esta medida, el Gobierno canario pretendía resolver o aminorar el problema de decenas de caseríos afectados por esta norma. Además, según indicó el Ejecutivo canario en 2013, “más del 90%” de estos poblados costeros no podrán acogerse a la nueva solución de ampliar las concesiones en 75 años”.