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El Gobierno local pide al juez que aclare la sentencia de la guardería

La Bombillita Feliz cerró sus puertas el año pasado y desde entonces no ha vuelto a prestar servicio. | F. PALLERO.
La Bombillita Feliz cerró sus puertas el año pasado y desde entonces no ha vuelto a prestar servicio. | F. PALLERO.

Desde que cerró sus puertas en octubre de 2014 como consecuencia de la demanda interpuesta por el Gobierno de Canarias en materia de competencias, el futuro de la escuela infantil La Bombillita Feliz, está cargado de incertidumbre.

Ayer todo debería haber vuelto a la normalidad debido a que era el plazo dictado por la Justicia para cumplir la sentencia dictada en el mes de abril que obliga a readmitir a las ocho trabajadoras que en agosto del año pasado fueron despedidas. Sin embargo, estas no pudieron incorporarse al centro porque sus puertas se encontraban cerradas.

Ello se debió a que el Gobierno municipal presentó el jueves una aclaración de sentencia ante el juzgado, confirma el alcalde, Álvaro Dávila, quien aclara que “eso no significa que no se les vaya a pagar a las trabajadoras la indemnización establecida” y cuyo total asciende a 130.000 euros. “El Ayuntamiento tiene el presupuesto prorrogado, la partida está contemplada y por lo tanto eso no supondrá un problema”, insiste.

“El abogado del Ayuntamiento entiende que no está clara la sentencia que dictó la juez, que obliga a incorporar a las empleadas y da una serie de opciones, y por eso se le ha solicitado una aclaración, porque son plazas que ahora mismo no existen”, sostiene el regidor. En contra de lo que dicen algunos grupos de la oposición -y cita especialmente al PP-, Álvaro Dávila quiere dejar claro que el anterior Ejecutivo municipal, también presidido por él, “no despidió a las trabajadoras por capricho del alcalde, sino que cumplió una sentencia de 30 de julio de 2014 que decía que había que rescindir el contrato porque el contrato de las trabajadoras no se ajustaba a derecho”.

Respecto a la directora, puntualiza que “tiene plaza fija y hace trabajo que le ha encargado la concejal del área”.

Por último, recalca que el Consistorio presentó un recurso sobre este asunto al Tribunal Superior de Justicia, que todavía no se ha pronunciado al respecto.

Las matizaciones del alcalde
El contrato para la explotación y mantenimiento de la escuela infantil tenía una duración de cinco años y fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 de abril. El límite para la presentación de ofertas era el 14 de mayo y las solicitudes debían conocerse el 18 de ese mismo mes, pero no fue así. Aún no se sabe cuándo se adjudicará el servicio, pero Dávila espera que sea a fin de año.

El alcalde recuerda que la escuela infantil se creó como una “experiencia piloto” durante dos años prorrogable por otros dos. Por eso, la Justicia es clara cuando dice que “entre 2007 y 2010 se sabía con antelación que los contratos de trabajo finalizarían y tenían que ser cubiertos, y eso no se hizo”, indica. Dávila insiste en que “heredó” este problema del mandato 2007-2010, del que formaban parte algunos concejales de la oposición, como José Daniel Díaz (NC), que “sabe cuál es la situación pese a que intenta responsabilizarnos”.