Asistimos estos días a lo que, para algunos, supone la resurrección del insularismo, aunque en realidad éste nunca ha desaparecido de Canarias. A Carlos Alonso, presidente del Cabildo, le tachan de insularista por buscar dinero en el Ministerio de Fomento para adelantar obras de carreteras que permitan agilizar el siempre pendiente cierre del anillo insular. Y le acusan de realizar gestiones al margen del Gobierno autonómico -algo incierto, ya que el Ejecutivo regional fue informado de su viaje- con afán de condenarlo sin atenuante alguno, como si hubiera tratado de suplantar al presidente Clavijo o a la consejera Chacón.

O de perjudicar las atribuciones propias de otras islas, entre ellas Gran Canaria, que se ha puesto poco menos que en pie de guerra cuando sus particulares actuaciones en materia de turismo -por citar un solo caso entre otros muchos- son un ejemplo antológico de ese ir por libre del que ahora se acusa a Tenerife. Creo yo que Alonso ha sido elegido para representar y defender los intereses de su Isla -igual que Antonio Morales en Gran Canaria-, que por supuesto pasan por reivindicar la conclusión de una serie de obras cuya demora viene causando desde hace decenios gravísimos perjuicios al conjunto de la isla picuda, por pérdidas de tiempo, consumo extra de carburantes, limitación de la movilidad, impedimentos a la creación de empleo y al desarrollo, etc., etc. Solo faltaba que los titulares de los cabildos o de las alcaldías vieran limitada su función gestora y representativa en aras de una autonomía mal entendida. A condición, naturalmente, de que en su trabajo no dificulten la tarea colectiva ni empañen los intereses generales, es decir, actúen con lealtad institucional. Si no recuerdo mal, el dinero obtenido por Alonso es además, según se ha dicho, de carácter finalista, con lo que en tal caso el Gobierno no podrá disponer del mismo para destino distinto del convenido. En cualquier supuesto, siempre es deseable el diálogo y el consenso entre las instituciones respetando, ya digo, el ámbito de actuación de cada cual y las prioridades de los territorios. En el caso de Tenerife, el Cabildo tiene que ser el garante máximo de las prioridades y quien lógicamente lidere el proceso, sin perjuicio de las atribuciones del Ejecutivo canario.