otras coordenadas

Leyes sencillas y claras

Numerosos sectores empresariales y profesionales de la sociedad civil canaria vienen desde el inicio de la anterior legislatura, hoy afortunadamente finalizada, pidiendo que se abordara la urgente y necesaria simplificación del entramado administrativo canario, que viene, cuando no retardando, impidiendo cualquier iniciativa que precise disponer de soporte territorial. David Graeber, autor americano de la Utopía de las Normas, nos dice que vivimos en una sociedad que, a fuerza de haberse burocratizado, nos ha convencido de que la burocracia es buena y necesaria. Pensaba él que la revolución del software nos iba a liberar de cargas administrativas, cuando con él hemos sobrecargado nuestro tiempo en infinitos trámites innecesarios. Nos dice Graeber que cualquier iniciativa gubernamental que pretenda reducir el papeleo y las gestiones inútiles tendrá como último efecto incrementar el número total de normas regulatorias y el número total de empleados públicos. Con ello se prueba la virtualidad de la conocida como Ley de Parkinson, que nos dice que el número de funcionarios crece en razón inversa al trabajo a realizar. Lo que pudiera resultar una crítica esquemática, pone de manifiesto los riesgos y derivas de un sistema como el canario, que dio en la pasada legislatura muestra de “colapso administrativo”. Su signo último ha sido la anulación del Decreto de Viviendas Vacacionales, 100 días después de aprobado, lo nunca visto en la historia de la autonomía. Y para no aburrir al lector, la totalidad de la legislación de ámbito territorial y urbanístico de la etapa anterior que presenta el mismo problema. Cuando las sociedades avanzan en conocimiento, también la canaria, los sistemas de control externo burocráticos dejan de ser eficaces, para pasar a controlarse desde el interno de los operadores del mercado. Ello se ha entendido desde Europa, que en enero de 2010 puso en activo la Directiva Bolkenstein y toda la legislación de liberalización de servicios conexa, sin que en Canarias hayamos reparado en ello. La Administración pasa así a tener un papel principal de arbitraje, tutela y conciliación.

Luego de 100 días, el nuevo Gobierno parece que ha finalizado la asignación de cargos e iniciado el proceso de simplificación, conformando una comisión técnica al efecto, sin que haya trascendido su composición y el alcance de su mandato público. Nos parece necesario, desde la opinión de los sectores referidos, sugerir los siguientes objetivos a cumplir. En su encuadre jurídico, deberá reordenarse la asignación de competencias entre los tres escalones administrativos, Gobierno, Cabildo y ayuntamientos, asignando cada competencia a uno de ellos, aplicar el “principio de subsidiaridad”, consagrado en la legislación europea. Ello incrementa hoy los tiempos y la inseguridad jurídica. Integrar, en segundo lugar, los contenidos ambientales con los urbanísticos. Buen paso dado al recuperar Medio Ambiente en Política Territorial, pero la parte técnica sigue enredando el procedimiento. Y en tercer lugar aceptar, que no se ha hecho, la aplicación efectiva de la Directiva Bolkenstein de liberalización de servicios. De facto el grueso de los ayuntamientos no la ha implantado luego de 5 años, o lo hacen burlando sus fines a través de exigencias formales innecesarias que alteran aplicación efectiva. Múltiples casos a citar en Canarias y que sufrimos en directo. En su encaje técnico urbanístico, hay que hacer una enmienda a la totalidad. Consecuencia de la triple fiscalidad jurídica-urbanística señalada, nos encontramos ante un marco normativo contradictorio, complejo, obstruccionista, imposible de cumplir. Por dar un dato a nuestros lectores, mientras la Ley Canaria señala un plazo de 2 años para hacer un Plan General Municipal, cumplir con sus obligaciones legales de plazos, precisaríamos de 8 años, dos legislaturas, la realidad nos dice que no se tarda menos de 12 años. Lo mismo pasa para todas las figuras de planeamiento. Esta deriva administrativa nace del mismo mal referido, la Administración no cree en la sociedad civil y el Gobierno autónomo tampoco en los ayuntamientos y cabildos.
Sin perdernos en tecnicismos hay que garantizar los procedimientos “técnica, jurídica y socialmente”, reduciendo las exigencias y trámites al mínimo. Hay que acomodar la técnica del zonning con los nuevos tiempos, permitir todos los usos en situaciones compatibles. Multiplicar la capacidad instrumental de las figuras de plan, se consigue con ello aumentar las competencias de cabildos y ayuntamientos y evitar la desaparición de la COTMAC, sólo necesaria en el 20% de sus actuales funciones. Flexibilizar las modificaciones y revisiones parciales con el mínimo de obstáculos innecesarios, al igual que las fases de avance. Ampliar con carácter general el silencio administrativo positivo y el acto comunicado. Recuperar el recurso de reposición en la aprobación definitiva de los planes y limitar los informes sectoriales, son algunas de las medidas que de forma exhaustiva han venido planteándose al Gobierno durante la pasada legislatura.

Al final, abordados todos estos problemas, que no son pocos, para que las leyes sean sencillas y claras, su clave está en su lectura social. Elegir entre la seguridad jurídica y desarrollo que aquí proponemos, o el urbanismo confuso para unos pocos y judicializado para todos. Ese es el reto.

*Arquitecto y Urbanista