El diputado regional del PSOE Gustavo Matos no se da por vencido en su intento de que el Gobierno regional, a través del Tribunal de Defensa la Competencia, actúe de oficio para investigar si las compañías petroleras pactan de forma ilícita en Canarias. En el último pleno del Parlamento regional, Matos hizo esta propuesta y el consejero de Industria y Energía, Pedro Ortega, le respondió que está a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) remita a la Comunidad Autónoma la denuncia presentada por la Cámara de Comercio de Las Palmas para instruirla, de lo que podría o no derivarse una propuesta de sanción al órgano nacional, que es el que tiene la facultad sancionadora.

Matos insiste en que su petición “no es estrambótica ni obedece a una ocurrencia” pues en Canarias operan tres compañías (CEPSA, DISA y Repsol) de las cinco que han sido sancionadas a escala nacional por la CNMC con 32,4 millones de euros por pactar los precios de las gasolinas (las otras dos son Galp y Meroil).

Argumenta el parlamentario socialista (en la pasada legislatura director general de Comercio y Consumo del Gobierno regional), que Canarias tiene la gasolina más cara de Europa, descontados los impuestos, carestía que se agrava más en las islas no capitalinas, y entiende que “hay indicios objetivos de que los precios coinciden casi al céntimo en muchas estaciones de servicio”.

Critica Matos que el Gobierno canario no haya ejercido en este caso las competencias que tiene, es decir, investigar, instruir y proponer sanciones, que finalmente corresponde resolver a la CNMC, por lo que, a su juicio, nada, salvo la voluntad de hacerlo, impide abrir un expediente para verificar si existe tal pacto ilícito de precios. “No prejuzgo nada, solo pido que se investigue, y si tras examinar los hechos las empresas demuestran que tienen los mismos costes y por eso sus precios son similares, pues fantástico”, advirtió el también exconcejal y abogado lagunero.