Candelaria tendrá que volver a redactar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) al ser anulada parte de la misma, que ya tuvo que ser rectificada a raíz de una sentencia del TSJC en 2012. Tres años perdidos por desoír las recomendaciones del secretario municipal, quien advirtió de la ilegalidad en repetidas y sonadas ocasiones.

El Pleno aprobó por unanimidad la anulación de los puntos sujetos a los dos requerimientos de Función Pública, excepto en el caso de los complementos específicos de la Policía Local, que quedarán igual, tras prosperar una aclaración desde el Ayuntamiento a la Vicenconsejería de Administración Pública.

[sws_pullquote_left]“Advertí de la ilegalidad que se estaba cometiendo, pero se aprobó”, dijo Fernández[/sws_pullquote_left] El primer requerimiento anulado fue el referente al expediente del presupuesto aprobado el 6 de marzo de 2015 y que tendrá que ser ahora modificado, porque en el mismo, por ejemplo, se recogen 12 cargos de confianza (aunque en realidad hay siete contratados) y plazas de personal laboral que tienen que ser ocupadas por funcionarios.

El concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, señaló que “cumpliremos con la legalidad y atenderemos el requerimiento para realizar un nuevo expediente”.

El interventor, Nicolás Rojo, recordó que “las plazas han existido desde hace 20 años y como recordó José Fernando Gómez (concejal de Vecinos por Candelaria), él mismo ocupó”. El concejal mentado respondió. “Muchas gracias. No sabía que todas estas ilegalidades se habían realizado para salvar mi plaza”, le espetó al interventor.

Tanto Gómez, que indicó que el gerente municipal le ha costado al Ayuntamiento, entre sueldos (487,292,16 euros) y viajes más de 600.000 euros, como Mayca Coello (Sí se puede), o Juan Miguel Olivera (PP), coincidieron en pedir el cese del gerente, Juan José Acosta, y la dimisión del exconcejal de Personal, Francisco Pinto, por “responsabilidad política”, ante el nuevo varapalo por una RPT que le fue “secuestrada” al secretario. La RPT, que se recoge en 587 folios tras negociación con los trabajadores, no contó hasta antes de su aprobación, el 26 de marzo, de ningún informe jurídico, recordó el secretario, que detalló que en el mismo se suprimen 20 puestos de funcionarios por gestores laborales, que se ponían por encima de auxiliares administrativos funcionarios y se pasaban de 24 puestos de auxiliares administrativos a 14, cuando ya había 15 plazas obtenidas por funcionarios. “Advertí de la ilegalidad que se estaba cometiendo, pero se aprobó”.

Carlos Sabina, edil de Recursos Humanos, indicó “queda claro que en este Ayuntamiento solo habrá una vía de entrada, la oposición; mañana comenzaremos a trabajar por una nueva RPT con los trabajadores, sindicatos y el secretario”. Sin embargo, algún sindicato ya estudia denunciar a la alcaldesa y al secretario. Más madera.

[sws_grey_box box_size=”100″]“La inspección de los vados es ilegal”

La inspección de los vados, o para ser más exactos, del rebaje de aceras, volvió al Pleno para dejar aún más dudas de las que dejó hace un mes cuando Cristo Hernández (Sí se puede) preguntó por las inspecciones en Barranco Hondo y el secretario sorprendió al confirmar que desconocía las mismas. Ayer, Octavio Fernández, fue más allá al manifestar que las inspecciones que se están realizando por una empresa externa “son ilegales”, pues las mismas tienen que estar realizadas por un funcionario, porque no se cumple “con el artículo 92.3 del ejercicio de autoridad”, señaló el secretario municipal, después de un largo alegato del concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, para justificar unas inspecciones que comenzaron en Barranco Hondo hace unos meses y que seguirán por los demás barrios del municipio, y en los que se realizará un padrón para cobrar con cuatro años de retroactividad, a una media de 80 euros anuales. “Un pago que podrá ser fraccionado”, afirmó Pérez Chinea, siempre después “de dar audiencia al administrado”, y manifestó que está obligado a regularizar los vados porque de lo contrario “estaría incurriendo en prevaricación administrativa, como se recoge en el artículo 404 del código penal”, afirmó.

Ante las dudas de legalidad expuestas por el secretario, el edil de Hacienda le cedió la palabra al interventor, Nicolás Rojo, quien confirmó que “las actas de inspección las firma el tesorero, que es un funcionario de carrera”.

Octavio Fernández insistió en que las inspecciones pueden vulnerar la protección de datos al ser realizadas por una empresa privada.[/sws_grey_box]