El reparto del IGTE, una propuesta rectificable

Hoy concluye una semana pasada por agua, que ha evidenciado por enésima vez la fragilidad de nuestras infraestructuras, la pésima terminación de unas cuantas obras públicas recibidas en su día sin la menor reserva y la impericia de algunas autoridades en ambas provincias canarias. Pero ha sido también una semana pasada por el IGTE, ese Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas que, lejos de unir a los canarios en una comunión de intereses y objetivos, ha dado pie al resurgimiento de las viejas perturbaciones insularistas en el seno de los partidos políticos, como si por un exceso de sensibilidad no hubiéramos tenido bastante con los conflictos entre islas a cuenta del cierre del anillo insular de Tenerife y la carretera de La Aldea en Gran Canaria.

Sin que aún sepamos cómo se va a preparar jurídicamente en Madrid la cesión a la comunidad autónoma de la recaudación del IGTE, subsumido en el IGIC desde el año 93 pero que hasta ahora se queda el Ejecutivo del Estado, Fernando Clavijo decidió, a mi juicio con cierta precipitación y alguna ingenuidad, que tal dinero, unos 160 millones de euros al año, se distribuya con arreglo a la proporción de la representación política que cada isla tiene en el Parlamento de Canarias; es decir, según la llamada triple paridad, esa herramienta electoral que ha asentado el peso de las islas periféricas en pie de igualdad con las capitalinas: mismo número de diputados entre las dos provincias, igual entre islas mayores y menores e idéntico entre las dos capitalinas. Pero la cuestión de la triple paridad propiamente dicha está en veremos. Es cierto que ha contribuido electoralmente a dar estabilidad a la autonomía, ha consolidado el papel de las islas menores en el conjunto regional, donde históricamente han pintado bien poco, e indirectamente ha facilitado su mejor desarrollo. Pero tal paridad es una aberración democrática que no se sostiene, de ahí el alto grado de contestación que recibe por parte de la inmensa mayoría de los partidos, incluidos los extraparlamentarios, y de organizaciones políticas, sociales y económicas. Una cosa es primar el voto de determinados territorios para no alejarlos del conjunto, como se hace con la provincia de Álava en el País Vasco, por ejemplo, y otra atribuir al voto herreño, por citar el caso más sangrante, un valor casi 18 veces superior al de un tinerfeño o un grancanario. Utilizar esta herramienta electoral como componente básico para un reparto de fondos sobrevenidos no deja de resultar un disparate económico, aunque luego se haya añadido el criterio de población desempleada, a modo de compensación solidaria, que se fija en torno al 10% del montante total a percibir. Mas, ¿desde cuándo los derechos de los territorios están por encima de los de los ciudadanos? Las desigualdades de las islas no se miden por kilómetros cuadrados, sino por niveles de renta, paro, población, envejecimiento, necesidades no cubiertas, exclusión social, pobreza, etc. Si se pretende ser solidario con las islas periféricas, habrá que encontrar el sistema más idóneo y aplicarlo en la elaboración de presupuestos, planes o acciones concretas, solicitando similar trato en otras instancias nacionales y comunitarias. Lo que no parece de recibo, por mucho respaldo institucional que sume, es la aplicación de aberrantes criterios electorales a elementales operaciones matemáticas de reparto de fondos, que deberían responder tan sólo a la legalidad vigente. Ésta dimana de los criterios aplicados en el REF -el llamado Bloque de Financiación Canario-, con arreglo a la Ley 9 de 2003 de Haciendas Territoriales, según el cual el 52% de los recursos va a parar a las corporaciones locales (cabildos y ayuntamientos) y el 48%, al Gobierno. A su vez, el 52% se reparte según población (87,5%), superficie (2%) e isla (10,5%).

¿Por qué renuncia el Gobierno a la parte económica que le corresponde en el reparto? Se ha hablado de generosidad, y suena muy bien, claro que sí, pero también aparenta dejación de responsabilidades. ¿Y por qué se priva a los ayuntamientos de unos recursos que seguramente podrían resolver unos cuantos problemas municipales? ¿Por qué se consultó sólo a la Fecai y no a la Fecam, que este fin de semana, por unanimidad de su Comisión de Economía y Hacienda, se pronunció en favor de un reparto siguiendo los criterios del REF?

Si el Ejecutivo canario pretende, como declaró el presidente del Cabildo tinerfeño al término de la reunión de la Fecai, que el IGTE represente “una oportunidad para avanzar en el equilibrio inversor y la creación de oportunidades de empleo, apuntalando el papel de los cabildos como dinamizadores de la economía insular”, y por eso mismo los futuros planes de desarrollo serán “plurianuales”, con una duración de diez años, para conseguir el “impulso sostenido del empleo en cada isla”, con especial atención a las periféricas, no se entiende el criterio de reparto utilizado, puesto que favorece a Tenerife y Gran Canaria, pero deja en el olvido a los 88 municipios del Archipiélago.

Las islas menores necesitan solidaridad, por supuesto. La vienen recibiendo los últimos años, como lo prueban la mejora de sus infraestructuras, equipamientos y dotaciones de servicios, aunque la doble insularidad sigue siendo una asignatura económica pendiente sobre la que tienen mucho, pero mucho, que decir tanto Madrid como Bruselas. En esa línea, el Parlamento de Canarias ha aprobado hace unos días una proposición no de ley presentada por la Agrupación Socialista Gomera en la que se insta al Gobierno a la realización de un estudio específico de los sobrecostes que soportan las islas no capitalinas. También plantea que en la redacción definitiva de la Ley de REF se contemple de forma expresa la creación de un Estatuto Jurídico singular para estos territorios -en el que se fijen medidas estructurales y permanentes para lograr el equilibrio y la igualdad de todos los canarios, con independencia de su lugar de residencia- y propone que las medidas compensatorias sean reconocidas jurídicamente y con carácter permanente en el futuro Estatuto de Autonomía de Canarias. Esta propuesta de Curbelo, erigido en portavoz de los intereses de las islas menores, marca un poco el camino por el que se debe transitar para que la solidaridad se manifieste con hechos concretos, no mediante fórmulas inapropiadas que dividen a los partidos, ignoran a los ayuntamientos y desunen a los cabildos, además de convertir al Gobierno en mero espectador de un reparto de fondos mal planteado desde el principio, como lo prueban las matizaciones y correcciones posteriores. No deja de ser una simpleza la pretensión de repartir 80 millones para las dos islas capitalinas y otros tantos para las restantes puesto que eso supone colocar en un plano de igualdad económica al 83% de los habitantes de aquéllas (alrededor de 1,8 millones) y al 17% de los de éstas (unos 350.000). Que es tanto como otorgar 347 euros a cada uno de los habitantes de las tres islas menores de esta provincia frente a 44 a los residentes de Tenerife ó 46 a los de Gran Canaria, sin considerar el factor desempleo, pendiente de fijación por parte del Gobierno.

Cuando se habla de repartos económicos, no se pueden olvidar la población y el sentido de la justicia y la equidad. Los derechos de los individuos son anteriores a los de los territorios y así debe reflejarse en la acción política general, con los coeficientes correctores que correspondan al aplicar una política de solidaridad. La igualdad pasa por tratar desigualmente a los desiguales, pero bajo criterios y proporciones que no distorsionen el sentido de la justicia, ni los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.

No es bueno que un cabildo, el de Gran Canaria, se haya quedado solo en este asunto, y no es bueno tampoco que las corporaciones municipales hayan sido olvidadas, lo mismo que el Parlamento. Si se prefiere la consulta, conviene consultar a todos y adoptar después las decisiones, no aprobar éstas primero y rectificarlas después; en otro caso, el Gobierno está para dirigir la política y tomar los acuerdos pertinentes, aunque no gusten a todos y los consensos resulten imposibles. Lo que no conviene es dar pie a que broten las sensibilidades insularistas por un mal planteamiento inicial de los problemas y una cierta dejación de autoridad.