Han vuelto los tiempos del pleito insular. Lo señalé hace unas semanas y ahí sigue. Cada decisión del Gobierno autonómico que afecta a las dos islas capitalinas es objeto de disección, examen, análisis, estudio… Se mira todo, se investiga todo y hasta se suponen motivos, intenciones y agravios en cuanto se atisban diferencias entre una isla y otra. Este movimiento fruto de desconfianzas injustificadas se ha gestado en Gran Canaria, donde -en un acuerdo sin precedentes- el Cabildo ha creado una comisión de estudio para analizar los desequilibrios que, en perjuicio de esa isla, puedan producirse por decisión de los gobiernos central y autonómico. Como reflejo de esta política ombliguista que va más allá del insularismo recalcitrante, hemos asistido a enfrentamientos inusuales entre el presidente de la corporación insular grancanaria y su homólogo tinerfeño a cuenta de las carreteras, con La Aldea y el anillo insular en el centro de la polémica. Antonio Morales se ha excedido en algunas apreciaciones, posiblemente por desconocimiento de la lamentable situación en que se encuentran las carreteras de Tenerife. Según ha declarado, si no le hacen caso en algunas de sus aspiraciones, está dispuesto a devolver al Gobierno canario las competencias sobre mantenimiento de las carreteras. Dicho esto, tiene razón Morales cuando se opone a la distribución que pretende llevar a cabo el Gobierno autonómico de los 160 millones del ITE que cede el Estado a Canarias. Creo que se equivoca el presidente Clavijo al proponer un reparto en función de la triple paridad, que tiene carácter político electoral, no económico. Distintas normas vigentes ya fijan los criterios de una justa distribución de recursos, con la población como variable principal: el 80% la población y el 20% el territorio y la solidaridad, como elementos correctores para atender necesidades y singularidades. Incidir en otros criterios para repartir el dinero del ITE resulta extraño e irregular, si no ilegal, aunque lo respalden seis de los siete cabildos. Porque constituiría un inaceptable agravio comparativo para los ciudadanos de Tenerife y Gran Canaria y porque las islas periféricas ya vienen recibiendo por otras vías un tratamiento fraternal que en los últimos años les está permitiendo su mejor desarrollo.