Después de reunirse con sindicatos, colegios profesionales y otras asociaciones y colectivos del sector para conocer la actual situación del sistema público en el Archipiélago, los nuevos responsables de la Consejería de Sanidad han decidido dar un paso más y consultar a los principales damnificados por la crisis y los recortes que se han producido en los últimos años, que no son otros sino los usuarios.
Por este motivo, y conjuntamente con el Instituto Canario de Estadística (Istac), Sanidad volverá a realizar a partir del día 13 su Encuesta de Salud, seis años después de la última publicada. En concreto, según datos aportados por la propia Consejería regional, está previsto entrevistar a 5.885 personas de 4.600 hogares de las siete islas, seleccionados aleatoriamente, para “identificar los principales problemas de salud y hábitos de vida de la población, así como recabar información sobre la accesibilidad, frecuentación y satisfacción con los servicios sanitarios”.
El máximo responsable del departamento sanitario autonómico, Jesús Morera, junto al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Roberto Moreno, y el director del Istac, Juan Jesús Ayala, explicaron ayer en una rueda de prensa el contenido y finalidad de la citada encuesta, cuyos resultados se darán a conocer a mediados del próximo año. En este sentido, Jesús Morera reiteró que el objetivo de la muestra es “disponer de información relevante y precisa sobre la salud de la población y el uso de los servicios sanitarios en cada una de las islas”, que permita desarrollar el proceso de planificación e intervención de la Consejería de Sanidad con una mayor precisión y efectividad, al utilizar una “fuente de datos estadísticos actualizada, oficial y rigurosa”. “La Consejería de Sanidad precisa de información renovada que evalúe el impacto de las políticas sanitarias llevadas a cabo hasta el momento, para reorientarlas en caso necesario y garantizar que sus acciones tengan un impacto real en las personas”, agregó Morera, quien recordó que el inicio de la encuesta coincide con la elaboración del Plan de Urgencias -que supuestamente estará listo en junio- y la previsión de aprobar el III Plan de Salud de Canarias, el Plan de Mejora de las Infraestructuras y el Plan de Cuidados Paliativos.
Según manifestó el director del Istac, Juan Jesús Ayala, para la encuesta -cuyo coste será de 120.000 euros- se han seleccionado aleatoriamente 230 secciones censales del Archipiélago, y en cada una de ellas se han elegido 20 viviendas, también de forma aleatoria. A su vez, dentro de cada casa se seleccionará un individuo mayor de 15 años que será objeto de la entrevista dirigida a adultos, y un miembro menor de 16, en aquellos hogares en que los hubiera, para realizar el sondeo dirigido a menores.
La encuesta, que incluye preguntas sobre los niveles de estrés, apoyo social y afectivo y satisfacción con el trabajo desempeñado por los profesionales, también recogerá información sobre la situación socioeconómica de cada uno de los hogares. “Nos permitirá obtener una foto de la salud de la población y los servicios desde perspectivas interrelacionadas”, concluyó el director del SCS, Roberto Moreno.
La asistencia volverá a ser universal este mes
El consejero de Sanidad, Jesús Morera, confirmó ayer que este mes -en unos 15 o 20 días- se dará la orden a los centros de salud de que faciliten la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Tal y como adelantó este periódico el pasado 7 de agosto, la Consejería reincorporará al sistema a todos los sin papeles, después de que el Consejo de Gobierno encomendase al propio Morera la realización de las actuaciones necesarias para elaborar una nueva norma que devolviese el derecho a la asistencia sanitaria a toda la población residente en las Islas, como han hecho ya otras regiones.
“Ahora mismo estamos cerrando todo el papeleo entre las consejerías de Hacienda y Presidencia, y confiamos en tener todos los informes positivos para que la orden que salga lo haga con todos los beneplácitos jurídicos, para que no sea recurrida”, explicó ayer Morera, quien argumentó que la demora que se ha producido respecto a las previsiones iniciales se debe a lo complejo de “salvar un Real Decreto ministerial”. La nueva orden que prepara la Consejería eliminará igualmente el proceso de tramitación fijado para dar cobertura a los extranjeros sin recursos residentes en Canarias, creado en el año 2013 para mitigar los efectos del referido Real Decreto.