No se trata aquí de alinearse uno con los empresarios y Güímar o con Candelaria y Arafo, en esa guerra que ha desatado la elaboración de unos estatutos para crear la entidad de conservación de un polígono industrial que ha vivido sin ella durante 40 años.
No me atrevería siquiera a darles o quitarles la razón en sus argumentos, cuando hasta los propios juristas de ambos contendientes, permítanme la expresión bélica, no se ponen de acuerdo sobre la legalidad o no de algunos de los artículos plasmados sobre unos folios que en algunos casos ya han sido aprobados por plenos municipales (Candelaria y Arafo).
Nadie se podía imaginar, en julio de 2013, cuando los tres ayuntamientos del Valle de Güímar recepcionaron los dos millones de metros cuadrados del polígono, que dos años después estarían inmersos en una batalla de cómo y quién debe mantenerlo, después de una amplia rehabilitación que costó a la Junta de Compensación que lo gestionó desde 1973 nada menos que nueve millones de euros. En estos dos años, el abandono ha sido evidente en las zonas comunes del polígono, con jardines sin regar y basura sin recoger, a la espera de una entidad de conservación imprescindible para algunos e innecesaria para otros, porque entienden que se trata de un polígono abierto con vías libres, algunas de accesos a tres núcleos costeros de Candelaria (Playa la Viuda), Arafo (Playa de Lima) y Güímar (El Socorro), y por lo tanto se debe tratar como un barrio más de los municipios que con la recepción recibieron cada uno de ellos un millón de euros, una nave en propiedad de 800 metros cuadrados y el pozo de Chinguengue, que teóricamente iba a ser el generador de ingresos para sufragar el mantenimiento de todo el polígono. Pero no, los ayuntamientos de Candelaria y Arafo entienden que los empresarios deben pagar el mantenimiento de jardines, viales y alumbrado, mientras que Güímar mantiene lo contrario.
Para dejarlo claro, en pleno verano, la alcaldesa Carmen Luisa Castro se dedicó a pintar rayas azules para delimitar el suelo de su municipio del de Arafo, para demostrar, según ella, quién cuidaba el polígono y quién no. Desde ahí en adelante la batalla, pese a un teórico acuerdo en el Cabildo (31 de agosto), ha ido ganando adeptos y llegados a este punto solo la intervención de nuevo de papá Cabildo (prevista para el jueves) puede poner cordura ante tanto desatino, comenzando por aclarar los términos jurídicos, cuando existe la impresión de que hay más de una duda razonable sobre la viabilidad de un ente de conservación por su composición supramunicipal, que igual obligaría a cambiar hasta los PGO de los ayuntamientos, porque no creo que la dificultad esté en pagar 25.000 euros al año.