La Entidad Urbanística de Conservación (EUC) del Polígono Industrial Valle de Güímar sigue siendo asunto de debate en toda la comarca y ayer protagonizó buena parte del Pleno municipal de Candelaria, donde se aprobaron sus nuevos estatutos, al igual que ocurrió el viernes en Arafo.

Sin embargo, la novedad no está en la aprobación de los 47 artículos de los que constan los estatutos consensuados por los gobiernos municipales de Arafo y Candelaria, sin el apoyo de la oposición, sino por el hecho de que ayer, según adelantó Fernando Alduán, concejal de Urbanismo, hay un acercamiento con los empresarios para que estos también los hagan suyos, atendiendo al acuerdo del 31 de agosto en el Cabildo de Tenerife.

Es más, Alduán, le sugirió al secretario municipal la posibilidad de explicitar mejor el período transitorio de las cantidades a aportar por los ayuntamientos, porque “según leemos en los estatutos parece que están solo a tres años, pero del cuarto año al veinte se seguirán poniendo cantidades según el coste que se vaya teniendo”, a la vez que reconoció “un acercamiento considerable con los empresarios, tras la reunión del lunes con el gerente Antonio Daroca, porque los desacuerdos son mínimos”.

Antes de aprobarse los nuevos estatutos hubo que votar la derogación de los aprobados en abril de 2014, en los que se estableció un debate sobre la legalidad o no de la EUC, porque según José Fernando Gómez, “esta no es obligada crearla una vez recepcionado el Polígono por los ayuntamientos, según la ley de planeamiento de Canarias”, todo lo contrario de lo que manifestó el secretario Octavio Fernández, que recordó casos como el de Granadilla u otros polígonos de España que cuentan con la entidad de conservación, remarcando que el Plan Parcial del Polígono no está derogado, como afirman los empresarios, tras la recepción municipal.
Gómez, sin embargo, insistía en que “al igual que los empresarios, entiendo que este acuerdo es nulo de pleno derecho”

En los 47 artículos de los nuevos estatutos se señala a quien corresponden el mantenimiento y servicios de cada una de la zonas y el reparto de cargo. A los empresarios le corresponderá el mantenimiento de vías, parques, jardines, aceras y alumbrado publico, mientras que los tres ayuntamientos se harán cargo del abastecimiento del agua potable (cobrando un euro por metro cúbico), recogida basura y el pago del alumbrado, limpieza viaria y de seguridad publica).
Mayca Coello, de Sí se puede, indicó que “nos alegramos que haya algún viso de avance para llegar a un consenso, pero nos preocupa que no se ponga aquí nada de la depuración de las aguas industriales ni control de vertidos realizados por las empresas, ni seguimiento de control del aire ni ahorro de medidas energéticas. No existe inspección municipal por parte de ninguno de los tres ayuntamientos”.

Juan Miguel Olivera (PP) ser sumó a las tesis de la alcaldesa de Güímar, en contra de estos estatutos: “Comprendemos la protesta de los empresarios, porque ya pagan impuestos, 500.000 euros anuales a Güímar, por ejemplo”, añadiendo que “los empresarios podrían llevarlos a los tribunales y la entidad volvería a pararse. Deberían dejarlos sobre la mesa”, señaló.

Los estatutos de la EUC se aprobaron con los votos de PSOE-CC, la abstención de Sí se puede y el no de PP y VxC.

Los de CC se tragan el sapo de Aqualia

Durante todo el Pleno oposición le recordó a los cinco concejales nacionalistas el discurso que utilizaron en el anterior mandato, contrario a las tesis que defienden ahora, en el gobierno con el PSOE, sin nadie de CC saliera a dar la cara, tragándose, como vulgarmente se dice, los sapos. Ocurrió por ejemplo, en la anunciada subida de la tarifa del servicio del agua potable con el 6,10%, motivada por el déficit tarifario que calcula la empresa Aqualia de 364.596,78 euros para el período mayo 2015 a mayo 2016 con las actuales tarifas, por lo que pedía un aumento del 13%, según detalló el interventor Nicolás Rojo, que recordó que las últimas subidas se deben a sentencias judiciales en contra del Ayuntamiento por no actualizar los precios desde 2007.

La oposición, en peso, criticó el nuevo aumento, que alcanza ya el 30% en los últimos tres años y el 66,68% desde que los socialistas llegaron al Gobierno municipal en 2001, recordó José Fernando Gómez (VxC), mientras que Mayca Coello (SSP) recordó, además, no hay fiscalización de las cuentas de Aqualia y que esta sigue cobrando el recibo de la basura cuando no debería hacerlo desde enero de 2014, por lo que amenazó con una denuncia por prevaricación contra el grupo de gobierno.
Al menos sí salió adelante una moción de Sí se puede para impedir que produzcan cortes de agua a aquellas personas que no pueden pagarla. El gobierno se comprometió a cambiar los artículos 16 y 17 del reglamento municipal.