El dardo

Servicios sociales

Una información periodística de La Opinión ha hecho saltar todas las alarmas. Resulta que el 31 de diciembre próximo entra en vigor una parte de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de 27 de diciembre de 2013, que prevé, en su disposición transitoria segunda, la asunción por las comunidades autónomas de “la titularidad de las competencias, que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social” (lo mismo ocurre con la gestión de la atención primaria de la salud, aunque en este caso a razón de un 20% anual). Parece que nadie se había percatado de lo que se nos viene encima. El anterior Gobierno autonómico debió preparar un Plan para la evaluación, reestructuración e implantación de tal prestación en todos los municipios canarios, pero no lo hizo -perdió demasiado tiempo con la cuestión petrolera- y el actual Ejecutivo se ha encontrado, de sopetón, con un problema que va a tener que resolver contrarreloj.

Lo incomprensible es que tal asunción de competencias no puede suponer mayor gasto para el conjunto de las administraciones públicas. Y no menos extraño resulta que la jurisdicción sobre las cuestiones sociales pueda volver, por delegación, al ámbito municipal -incluso insular, si así se decidiera- mediante la firma de los correspondientes convenios, que han de incluir obligatoriamente la hasta ahora comprometedora ficha financiera. Si no da tiempo a regularizar la nueva situación antes de fin de año, la competencia sobre servicios sociales seguirá en manos municipales, pero, mientras dure, con la factura a cargo de la comunidad autónoma. Así las cosas, la propia ley nacional prevé una salida airosa para quienes no hayan hecho los obligados deberes de previsión. Y la Ley de los Municipios de Canarias, de 1 de abril de este año, reconoce el derecho y la capacidad de las corporaciones locales para la gestión municipal de los intereses más próximos al ciudadano, entre los cuales lógicamente se incluyen las ayudas y prestaciones sociales para los vecinos más necesitados. En suma, el problema tiene solución, aunque habrá que poner orden en la casa autonómica hasta llegar a esa meta racional de “una Administración, una competencia”.