tribuna

Ante el brote sedicioso – Por Antonio Casado

Todos los ojos estuvieron puestos en el Parlamento de Cataluña, donde se vivió un lunes cargado de ensoñaciones independentistas frente a un Estado dispuesto a defenderse.

A eso se redujo, por una parte, la sesión plenaria que sometió a debate y votación la voluntad documentada de hacer el camino hacia la república independiente, con declarado propósito de insumisión frente a la legalidad vigente. Como estaba previsto, la votación resultó favorable a la propuesta independentista gracias al apoyo de los 72 diputados por la desconexión.

Por otra parte, a eso se reduce también la voluntad del Gobierno de la Nación (el Consejo de Ministros se reúne este miércoles) de cumplir y hacer cumplir dicha legalidad, con el apoyo del PSOE, escenificado en un nuevo encuentro Rajoy-Sánchez. En primera instancia, con el consabido recurso de inconstitucionalidad contra el brote sedicioso del Parlament. Una vez admitido a trámite, en los próximos días, surtirá su primer efecto: inmediata suspensión de la propuesta, al menos durante cinco meses, tendrá carácter cautelar mientras el Tribunal Constitucional la estudia antes de decidir si ratifica o levanta la suspensión.

En cuanto a la exigencia de responsabilidades, de momento, el Gobierno considerará suficiente la nueva capacidad sancionadora del TC, que recaerá en la presidenta de la Cámara autonómica, Carmen Forcadell. Es una respuesta de menor cuantía. Las de mayor cuantía (por ejemplo, la prevista en el artículo 155 de la CE) se las reserva el Gobierno por si el desafío al Estado va a mayores por parte de las instituciones catalanes gestionadas hoy por hoy por los nacionalistas.

Entretanto, el mayoritario sentir de los ciudadanos, cada uno a su modo, sigue administrando su estupor ante un proceso separatista que no conduce a ninguna parte pero es un agotador quebradero de cabezas. Hablo con toda propiedad del sentir mayoritario, tanto de los ciudadanos catalanes, a la vista del resultado de las últimas elecciones “plebiscitarias”, como de los del resto de España. Unos y otros están convencidos de que la fuerza de la cotidianeidad barrerá los brotes de insumisión o desobediencia que pudieran resultar de los llamamientos nacionalistas.

El presunto éxito de esos llamamientos crearía una situación de inseguridad jurídica absolutamente incompatible con el carácter, la historia, el poso cultural y las tradiciones políticas de los catalanes. Saben perfectamente, como sabe cualquier persona civilizada, que “si no hay normas o no se cumplen, siempre ganarán los tramposos y los más fuertes”, como dice el profesor de Derecho Constitucional, Xavier Arbós.

Los llamamientos a la desobediencia civil (es una parte de la propuesta independentista aprobada este lunes en el Parlament) forman parte de la estrategia de los independentistas. Irresponsables apelaciones que podrían dar lugar a esa situación de “inseguridad jurídica” que no encaja en absoluto con la manera de ser del pueblo catalán.