Unos pocos episodios menos, pero cada vez más violentos. Esta es la conclusión que se extrae del informe presentado ayer por los responsables del servicio El Defensor del Profesor del sindicato ANPE Canarias, el único en las Islas que ofrece asesoramiento y apoyo jurídico y psicológico a los docentes que son agredidos física o verbalmente en las aulas del Archipiélago. Dicho servicio, que se puso en marcha en Canarias en el año 2008, ha atendido desde entonces a 856 profesores, 149 de ellos durante el curso 2014-2015.

Según explicaron los responsables de ANPE a este periódico, en relación al ejercicio anterior, se produjo una disminución del 8% en el número de casos, pero por el contrario se constató un aumento de la gravedad de los mismos, especialmente en Secundaria, donde se produjeron episodios más virulentos de violencia verbal y física hacia los docentes. “Aunque siguen sin ser suficientes, no podemos obviar los avances conseguidos en este ámbito, tanto en disposiciones legales (Decreto 14/2011 de convivencia en el ámbito escolar de la LOMCE) como en actividades de formación, programadas y realizadas con la finalidad de mejorar las buenas prácticas para la convivencia escolar y conseguir el adecuado clima que exige el trabajo en las aulas”, recalcaron desde ANPE, quienes confirmaron que los problemas se plantean “en todos los niveles educativos no universitarios”, aunque es en la etapa de Secundaria donde se concentra la mayor parte de los casos denunciados a ANPE (62), seguida de Primaria (46) e Infantil (27).

Respecto a su distribución por provincias, de los 149 docentes atendidos por El Defensor del Profesor en Canarias el curso pasado, 70 pertenecían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 79 a la de Las Palmas.

Del total de docentes que fueron asistidos, el 34% presentaba cuadros de ansiedad o depresión, o bien tuvo que coger la baja médica. La mayoría manifestó que el problema por el que acudió a este servicio le afectó “de manera muy significativa” a la hora de dar clase y también en su vida personal, e incluso en una veintena de casos la agresión acabó en los tribunales.

[sws_grey_box box_size=”100″]LA “DISCRIMINACIÓN” SALARIAL LLEGARÁ AL TC
Comisiones Obreras Canarias (CC.OO.) anunció ayer en un comunicado de prensa que ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de acabar con la actual “discriminación salarial” de los profesores del Archipiélago.

En cumplimiento de la Ley 4/1991, de Homologación, la aplicación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y del artículo 72.3 y la disposición adicional sexta de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, CC.OO. viene defendiendo que el complemento específico medio del profesorado canario es menor que el de los docentes que dependen del Ministerio, “por lo que debe eliminarse esta diferencia”, expone, si bien este hecho ya ha sido rechazado en los tribunales tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC).

“Es evidente que en nuestra pretensión lo que se defiende es la homologación del profesorado con sus colegas del resto del Estado y no la equiparación con el resto de funcionarios de Canarias, que es el argumento de los tribunales canarios”, destacó el sindicato en su comunicado.

La organización espera que el TC entre “en el fondo del asunto” ya que es “evidente”, en su opinión, “que se incumplen principios constitucionales básicos, pues no se puede entender que a iguales trabajos no existan iguales salarios”. Al margen de la estrategia jurídica, el sindicato ha iniciado una campaña de recogida de firmas con objeto de presentarlas tanto en Presidencia del Gobierno como en la Cámara regional.[/sws_grey_box]

[sws_grey_box box_size=”100″]MAYOR PROTECCIÓN
Protocolo. Según confirmó la semana pasada la consejera de Educación, Soledad Monzón, al Consejo Escolar de Canarias, ya se está trabajando en la elaboración de un protocolo que asegure la asistencia jurídica y psicológica a los profesores que fueran agredidos.
Fiscalía. La Fiscalía General del Estado dio instrucciones en 2008 de personarse en todos los casos de ataques a docentes, algo que no se está cumpliendo en Canarias, lo que según ANPE deja a los docentes “en una situación muy vulnerable”.
Autoridad. La LOMCE incluye a directores de centros y docentes como “autoridad pública” y reconoce que su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.[/sws_grey_box]