Soplan vientos de cambio para el sector turístico. La construcción de nuevos hoteles en Canarias no va a quedar vinculada al número de estrellas, según ha anunciado en el Parlamento la consejera regional del ramo, María Teresa Lorenzo. Se trata de una vieja aspiración del sector, muy especialmente en Gran Canaria, en el que los promotores de hoteles de cuatro estrellas se quejan de severas limitaciones por mor de una Ley de Moratoria que en algunos aspectos ha desincentivado las inversiones y ha impedido que se mejoren algunas de las infraestructuras en un hotel tipo que los expertos consideran el de mayor demanda y que, sin embargo, hoy se incluye entre los más obsoletos y necesitados de rehabilitación o modernización. El propio presidente del Gobierno ya anticipó cambios para dinamizar y modernizar un sector que hoy por hoy es el que más tira de la economía canaria y más empleo genera, así como para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló un artículo de la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, según la cual la categoría, medida en cinco estrellas, era el único factor económico a tener en cuenta para autorizar o no la construcción de un hotel. A juicio de dicha instancia sentenciadora, estamos ante una prohibición económica institucional del Gobierno de Rivero que no casa con la Carta Magna ni con la Directiva de Servicios de la Unión Europea, de ahí que ahora, como anunció la consejera, los hoteles y apartamentos de menos de cinco estrellas precisen de una regulación reglamentaria -que la consejera considera estará redactada durante el primer trimestre del próximo año-, de modo que reciban el mismo trato preferente que los de superior categoría.

Supongo que seguirán teniéndose en cuenta los criterios de sostenibilidad aplicados hasta ahora, teniendo en cuenta la fragilidad y escasez del territorio canario y la necesidad de cuidarlo al máximo y extremar y reglamentar severamente su uso. En este orden existen nuevos factores, como el previsible cambio climático, que deberían ser tenidos en cuenta en la nueva normativa turística, por la incidencia que a la larga pueden tener las construcciones de nueva planta, especialmente en la distancia a playas, costas y lugares de especial interés comunitario.