SOCIEDAD

Canarias aprueba la PCI a 1.570 beneficiarios reconocidos en 2013

La Prestación Canaria de Inserción (PCI) es uno de los principales caballos de batalla del nuevo Gobierno regional, que se ha encontrado una herencia complicada de asumir. De hecho, y a pesar de que se han anunciado fondos extraordinarios para pagar las ayudas más atrasadas antes de que finalice este año, las cifras continúan siendo terriblemente alarmantes.

No en vano, la propia Consejería de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de Nueva Canarias (NC), Luis Alberto Campos, reconoce que de las 3.371 nuevas altas en nómina realizadas este año, un total de 3.349 corresponden a expedientes abiertos en 2013 (1.570) y 2014 (1.779), mientras que el resto (22) son beneficiarios reconocidos en 2015. De igual modo, el departamento que dirige la también vicepresidenta Patricia Hernández (PSOE) expone que hasta el pasado 21 de octubre había otras 727 personas que estaban pendientes de renovar la mencionada prestación, la mayor parte de ellas (692) a la espera de que se les valoren los requisitos administrativos exigidos. Una espera que, según los trabajadores sociales, dura al menos 8 meses.
Como ha venido publicando este periódico, la tramitación de las solicitudes para percibir la Prestación Canaria de Inserción supone una espera muchas veces en balde, incluso cuando el solicitante tiene derecho a cobrarla. La falta de fondos ha originado que hasta ahora se cerrase el ejercicio presupuestario con multitud de ayudas sin pagar, de modo que el dinero que el Ejecutivo regional consignaba para la PCI para el siguiente año había de emplearse primero en las personas que estaban todavía pendientes. Ello ha supuesto además una notable reducción de las altas efectivas de beneficiarios en los ejercicios posteriores (como ha ocurrido este mismo año), pues parte de los fondos han tenido que gastarse en desatascar expedientes, lo que por ende implica que esa partida no pudo utilizarse para nuevos solicitantes. Y así ha venido ocurriendo prácticamente desde que este controvertido subsidio se puso en marcha en 2007.

El problema, que ahora tratan de resolver los nuevos responsables del Ejecutivo autonómico, con la propia Patricia Hernández a la cabeza, ya fue alertado incluso por la Audiencia de Cuentas en un informe de fiscalización de la gestión de las ayudas entre 2011 y 2013, en el que exigía al Gobierno autonómico a acabar con la situación en que quedaban las personas que tienen derecho reconocido a percibir la PCI y que no la reciben por esa falta de dinero que se repite año tras año.

Para tratar de paliar esta compleja coyuntura, la partida destinada al pago de la Prestación Canaria de Inserción ascenderá a 52 millones de euros en 2016, lo que supone 24 más que en el actual, prácticamente el doble. Pese a la notable subida presupuestaria, los colegios profesionales de trabajadores sociales de las dos provincias y la propia Federación Canaria de Municipios (Fecam) ya han avisado que los fondos consignados volverán a ser escasos, y a buen seguro se agotarán antes del último trimestre del próximo año.