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Canarias sumará 10 años sin crear plazas nuevas para discapacidad

Representantes de la plataforma se reunieron el martes con Fernando Clavijo y Patricia Hernández. | DA
Representantes de la plataforma se reunieron el martes con Fernando Clavijo y Patricia Hernández. | DA

La discapacidad continuará siendo el patito feo del área de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. Eso es, al menos, lo que se desprende de la reunión que mantuvieron el pasado martes representantes de la plataforma Tenerife Discapacidad con el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, y la vicepresidenta y consejera del ramo, Patricia Hernández.

En dicho encuentro, mucho más cordial que los que mantenían las asociaciones con los antiguos responsables de la Consejería, se puso de manifiesto la “imposibilidad” de crear nuevas plazas para discapacidad en las Islas el próximo año, por lo que se mantendrán las 5.000 (para un colectivo que ronda las 160.000 personas) que existen desde 2006. Según confirmaron fuentes de la plataforma a este periódico, existe “voluntad” por parte del Gobierno canario de redefinir y ampliar la cartera de servicios en el futuro, pero de momento los 2,1 millones de euros que se invertirán en el próximo ejercicio solo servirán para pagar las actualizaciones del nuevo convenio colectivo del personal de los centros, que se firmó el pasado 14 de octubre.

“Con la partida prevista para discapacidad no se cubren las necesidades de actualización del coste por plaza, que desde 2004 está congelado y ni siquiera llegamos a la media del resto de comunidades autónomas”, expuso al DIARIO uno de los portavoces de la plataforma Tenerife Discapacidad, Raúl Cordero, quien confirmó que el nuevo Decreto de habilitación de los centros exige unos mínimos que actualmente son “imposibles de cumplir”. “Entendemos que de golpe no se puede recuperar todo el déficit que arrastramos, pero el convenio colectivo del personal se actualizó hace un mes, y las nuevas tablas salariales contemplan alrededor del 1,3% de subida para este año y otro 1% en 2016, además del pago de una serie de complementos; y con el dinero presupuestado casi no llega ni para cubrir ese gasto del personal, que supone cerca del 80% del gasto de las asociaciones”. “La consejera nos ha reconocido que se desconocía eso cuando se elaboró el borrador de los Presupuestos, pero dice que Hacienda tampoco les permite incrementar más la partida por el momento”, insistió el portavoz de la plataforma, que agrupa a más de medio centenar de asociaciones de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Estas han sido uno de los grupos más afectados por los recortes sociales, ya que desde el año 2004 no se ha revisado el coste público por plaza en los centros concertados. Ello supone una reducción acumulada superior al 20%, solo en lo que se refiere al incremento sobre el IPC anual. Esta circunstancia, unida a los continuos retrasos en los pagos por parte de las administraciones públicas, ha hecho que muchas organizaciones se vean obligadas a emplear fondos propios para mantener al personal y la atención a los usuarios. “Llevamos más de 10 años a la cola del Estado en esta materia, y el día a día de los centros es cada vez más difícil; por eso, llevamos años reclamando un marco estable de financiación y más apoyo económico”, concluyó Cordero.