Junto al abandono escolar, el absentismo es la otra gran lacra de la educación en Canarias, y así lo han reconocido los últimos inquilinos que han pasando por la Consejería competente en la materia. Y es que, según datos del propio departamento autonómico, el curso pasado la tasa de absentismo en Secundaria (ESO) se situó en el 4,75%, lo que sitúa al Archipiélago por encima de la media nacional y a la cola de los países de la OCDE. Ello, a pesar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional saliente, cuya Viceconsejería de Educación dictó instrucciones específicas destinadas al control del absentismo en los centros públicos de las Islas.
Entre estas medidas está, por ejemplo, que los responsables del colegio deben avisar a los servicios sociales si un alumno llega a las seis faltas sin justificar. “Lo que suelen hacer los centros es avisar primero al inspector de zona”, explica el director de un centro de la Isla, quien recuerdan que la Ley 1/1997, de Atención integral a los menores en Canarias, establece la “obligatoriedad” de comunicar a las autoridades competentes las situaciones de “menores en riesgo”, incluyendo las de “absentismo escolar”. En este sentido, el Decreto de convivencia de la Comunidad Autónoma establece tres niveles de absentismo: moderado, inasistencia de hasta el 15% de las sesiones de clase; grave, entre el 15% y el 50%; y muy grave, más del 50%.
“Los centros escolares, en coordinación con los consejos escolares municipales, determinarán dentro de sus normas de organización y funcionamiento las causas por las que una inasistencia a clase pueda ser considerada como justificada”. Sin embargo, desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia reconocen que en Canarias la lucha contra el absentismo escolar tiene “poca implicación municipal”. No en vano, solo el 30% de los ayuntamientos cuenta con un protocolo para intervenir en casos de absentismo escolar y menos del 20% aplica la Ley del Menor. Las mismas fuentes alertan de la gravedad del problema, porque si el menor pierde entre el 15 y el 50% de las clases “se sitúa en una situación de riesgo, ya su indicador de desamparo es muy grave”.
“El fin de los programas es procurar la asistencia regular a clase del alumnado absentista para hacer prevalecer el derecho a la educación, el desarrollo integral y la adaptación social del menor en edad de enseñanza obligatoria”, recalcan desde la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, que junto a la Fecam, la Fecai, el Consejo Escolar, la Inspección Educativa y la Delegación del Gobierno elaboraron un protocolo específico contra el absentismo que se presentó en febrero de 2014.
Instrucciones específicas para este curso
La resolución 182 de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones para el curso 2015-2016 sobre control del absentismo en los centros educativos de Canarias deja claro que el control de la asistencia del alumnado tiene que realizarse “bajo unos parámetros objetivos y similares para todas las enseñanzas”. De esta manera, el alumnado, las familias o tutores legales, los centros educativos y demás instituciones pueden tener una información clara de cuándo, cómo y en qué medida se producen las faltas de asistencia de los alumnos. En este sentido, la resolución agrega que tres retrasos o salidas anticipadas sin justificar se contabilizarán como una falta de asistencia o, en su caso, como una falta justificada si se efectúa un trámite posterior. Asimismo, la Consejería de Educación determina que los responsables de los centros deberán controlar el absentismo, “estando obligados a colaborar con los servicios sociales municipales para garantizar la escolaridad obligatoria” y para evitar y resolver situaciones de riesgo de menores escolarizados, sobre todo en Primaria y la ESO.