SOCIEDAD

Casi la mitad de los menores con medidas judiciales está en libertad

El centro de internamiento para menores de Valle Tabares se ha ido quedando vacío los últimos años. / S. M.
El centro de internamiento para menores de Valle Tabares se ha ido quedando vacío los últimos años. / S. M.

El modelo carcelario y represivo para los menores con medidas judiciales ya es historia. Eso es, al menos, lo que se desprende de las actuales cifras de jóvenes que están cumpliendo alguna de estas medidas en centros del Archipiélago. Según datos aportados por la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno regional, de los 939 adolescentes isleños judicializados, solo cinco se encuentran en estos momentos en régimen de internamiento cerrado. En cambio, casi la mitad (417) está en libertad vigilada, mientras que otros 154 realizan tareas socioeducativas y 50 más cumplen sus penas en los denominados grupos de convivencia.

Según explica al DIARIO el nuevo responsable de Infancia del Ejecutivo regional, Mauricio Roque, “en los últimos años se está tendiendo a intervenir con el menor en su propio entorno, siempre cumpliendo las reglas que establecen los jueces”. Por ello, agrega, “se tiende al medio abierto y a la intervención a través de distintos programas formativos y de inserción”. Atrás han quedado pues aquellos episodios violentos -alguno de ellos incluso con resultado de muerte- en centros como Valle Tabares o La Montañeta, donde llegaron a cumplir medidas judiciales en régimen cerrado medio millar de chicos. “Estamos trabajando mucho en la bonificación de las medidas cuando estas son privativas de libertad”, recalca Mauricio Roque, quien confirma que en la actualidad pocos jueces están imponiendo medidas en régimen cerrado, “ya que la mayoría apuesta por el régimen abierto, la libertad vigilada y los grupos de convivencia, especialmente en el caso de menores que han sido violentos con sus progenitores o familiares”. Este es, precisamente, uno de los aspectos en los que más hincapié se está haciendo desde la Dirección General de Infancia y Familia, porque en los últimos años se ha detectado un incremento de la violencia de hijos hacia sus padres y hacia colectivos como los discapacitados. “Pasamos de un modelo reformatorio a uno educativo, y fuimos los primeros en eso. Todavía quedan muchas cosas por mejorar, pero poco a poco esos procesos reeducativos reemplazarán a los de reforma”, concluye Mauricio Roque.

Apuesta por un “modelo garantista” de derechos

En materia de menores con medidas judiciales, Canarias apostó hace años por un “modelo garantista” de derechos de diseño público, en el que de la planificación, los programas y la inspección se encarga la Administración, en este caso la Dirección General de Infancia y Familia del Ejecutivo regional; la gestión de los centros está en manos de una fundación, Ideo; y la inserción se realiza a través de los sistemas públicos de sanidad, educación o empleo.

De igual modo, el sistema incluye la figura del jurista en los centros, que junto con las inspecciones del Servicio de Medidas Judiciales y las de la Fiscalía, garantiza el día a día de los menores, que también tienen acceso a la información y acciones vinculadas a sus derechos. De este modo, la mejor vía para recuperar para la sociedad al joven con una medida judicial es la “apuesta por su inserción”, que se facilita mediante la obligación que tienen los chicos de incorporase a un programa educativo, laboral o terapéutico.