Junts pel Sí, es decir, Convergència Democrática, el partido de Artur Mas, y Esquerra Republicana, conjuntamente con la CUP, han presentado el martes de esta semana a la Mesa del Parlamento catalán una propuesta de Resolución para declarar solemnemente el inicio del proceso constituyente que llevaría a la creación y proclamación del Estado catalán independiente, en forma de República. Se trata de una solicitud formal de convocatoria urgente de un Pleno del Parlamento, cuyo fin sería aprobar esta declaración, que, de consumarse, impediría en treinta días la aplicación en Cataluña de la Constitución y el resto de las leyes de España, y también las resoluciones, órdenes e instrucciones de las autoridades españolas en el legítimo ejercicio de sus funciones, incluyendo los órganos constitucionales: “El Parlament no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. La Resolución, además, prevé la apertura de un proceso legislativo que se iniciaría con una ley de constitución de la Seguridad Social catalana y otra de creación de una Hacienda propia, y ordena su ejecución al Govern de la Generalitat. La iniciativa de Junts pel Sí y la CUP se paralizó el miércoles durante al menos dos días, de manera automática, al haber presentado PSC y C’s sendas propuestas alternativas que solicitan reconsiderar su admisión y porque el PP aún no se ha constituido como Grupo parlamentario.

Estamos ante una evidente provocación que contradice los más elementales principios de un Estado de Derecho, el primero de todos la obediencia al ordenamiento constitucional y a las autoridades, y el cumplimiento de las sentencias de los Tribunales. Pero tampoco nos llamemos a engaño; era algo que se veía venir y es coherente con el proceso que los independentistas catalanes han llevado a cabo hasta ahora. Y el Gobierno español, los sucesivos Gobiernos españoles, y los partidos políticos estatales, no están exentos de culpa, sino todo lo contrario. Para aplacar o mitigar su independentismo, o para conseguir su apoyo o sus votos, se ha permitido que las instituciones autonómicas catalanas se comportaran, de hecho, como independientes y utilizaran impunemente el adjetivo “nacional” con todas sus consecuencias. Todavía recordamos la cómplice declaración de Rodríguez Zapatero, cuando, a propósito del Estatuto catalán, afirmó que aceptaría todo lo que aprobara el Parlament y viniera de Cataluña. Ahora, el huero federalismo propuesto por Pedro Sánchez como pretendida solución socialista al problema queda definitivamente vacío de contenido y desenmascarado.

Hace mucho tiempo que las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo no se cumplen en Cataluña o se cumplen a medias. En esa línea, se ha dejado en la indefensión a miles de niños y sus familias que demandaban inútilmente educación en español, la lengua oficial del Estado que, según la Constitución, todos tenemos derecho a usar. Se ha consentido que se multara a los empresarios que rotulaban sus negocios en esa lengua. Se ha permitido que en los ayuntamientos y otros edificios públicos catalanes no ondee la bandera de España y demás símbolos del Estado, y sí lo haga la bandera independentista. Paradójicamente, solo la UEFA ha hecho respetar la bandera española multando la presencia de banderas independentistas en encuentros de fútbol y dando, de paso, una lección al Gobierno de Mariano Rajoy. Como afirma la profesora Araceli Mangas en El Mundo, los independentistas han demostrado que se puede violar la ley española todos los días sin que pase nada. Y ahora, simplemente, lo han vuelto a hacer, han repetido lo que han hecho siempre. No nos sorprendamos, en especial Rajoy y su Gobierno.

La vida internacional, desde Naciones Unidas a la Unión Europea, está basada en el principio del respeto a la integridad territorial de los Estados, garantizada, sin ir más lejos, en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión. Pero hemos de aceptar que, a pesar de ello, se han producido -y se producen- independencias contrarias a tal principio. De modo que, para resolver el problema catalán, debemos acudir a nuestras propias normas, normas que existen y que están diseñadas para enfrentar una situación como la actual. En primer lugar, la reciente reforma de la regulación legal del Tribunal Constitucional, que permitiría la suspensión de funciones de las autoridades catalanas que desobedecieran sus decisiones. La opción obvia es recurrir ante ese Tribunal la admisión a trámite parlamentario de la Resolución separatista, lo que produciría su suspensión cautelar. Porque es muy importante impedir la convocatoria del Pleno del Parlament que debata y vote esa Resolución, es decir, que el Pleno pueda celebrarse con ese orden del día.

El problema es que la decisión del Constitucional, si se produce, va a ser ignorada, el Pleno se va a reunir y el proceso catalán va a seguir adelante. Eso nos llevaría a un escenario que la Constitución alemana denomina la coerción federal, un escenario que en España, con las Cortes disueltas, unas elecciones generales cada vez más próximas y nuestra deficiente cultura democrática, sería más que azaroso. Rajoy ha despachado con los líderes partidistas, pero la lealtad de todos no está garantizada.