POLÍTICA

El comisionado de Transparencia ha atendido 11 quejas ciudadanas

El comisionado canario de Transparencia, Daniel Cerdán, en el Parlamento. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
El comisionado canario de Transparencia, Daniel Cerdán, en el Parlamento. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Si don Limpio hubiese hecho hace unos meses la prueba del algodón de la transparencia en las administraciones españolas, le habría crecido el pelo del disgusto. Ahora, menos. Tal vez, algunas pelusillas por descuido en la higiene democrática. Aunque tardó 10 o 15 años en llegar -Suecia llevaba una ventaja de dos siglos y medio-, la legislación sobre el acceso a la información pública ha revolucionado el modo de entender la relación entre los gobernados y las instituciones. En esta ocasión, Canarias no ha ido a remolque de la modernidad. Antes al contrario, se colocó a la vanguardia y en determinados aspectos adelantó en atrevimiento a la normativa básica nacional. En vigor desde el 10 de enero de 2015 (salvo el título referido al portal, que se activó en julio), la Comunidad Autónoma ha recibido más de 200 peticiones de información y el órgano de vigilancia -adscrito al Parlamento- ha atendido 11 quejas ciudadanas por incumplimiento tanto de la Administración regional como de los cabildos. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el 10 de diciembre para levantan las persianas de los despachos.

El periodista Daniel Cerdán tomó posesión del puesto de comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 15 de mayo, pero hasta agosto no se constituyó su equipo, “muy pequeño”. Inicialmente se ha convocado una promoción interna para dos técnicos y un auxiliar administrativo. “Iremos configurando el aparato en función de la demanda social”, apunta Cerdán en declaraciones al DIARIO. “Somos, en la práctica, la primera autoridad de transparencia en el ámbito autonómico. Lo que hay en otros territorios es un consejo de cinco personas”. A diferencia del comisionado, a la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, la eligió el entorno de Mariano Rajoy. “Es un matiz”, apostilla Cerdán. “Aquí se requiere una mayoría de las tres quintas partes” del Legislativo y, al ser para un periodo de cinco años, se desvincula del poder ejecutivo. Pese a que el nombramiento se formaliza mediante un decreto, destaca la “plena autonomía” con la que actúa la persona designada para el ejercicio de las funciones de “vigilancia, supervisión” en el despliegue de la ley. “Nos toca estar pendiente de que en las webs contengan las obligaciones de datos -en Canarias, son 200- puestos al día. En consecuencia, cada primer trimestre del año realizaremos una auditoría de comunicación”. Daniel Cerdán presentará su informe inaugural allá por abril de 2016.

La información es un derecho y su vulneración será castigada. El personal al servicio de las entidades y organismos afectados por la ley que cometa una infracción muy grave podrá ser sancionado con su cese en el cargo. Este supuesto comprende el desaire de desestimar más de tres veces, en dos años, una reclamación dictada por el comisionado.

Un camino de largo recorrido

-Tres colectivos son los que con mayor frecuencia echarán mano de las herramientas que la ley canaria de transparencia pone a su disposición: los grupos de interés (organizaciones políticas, sindicales, empresariales, sociales…), los medios de comunicación y la abogacía. “Se ha abierto un camino de largo recorrido con muchas vías de entrada de solicitudes y salida de datos”, resalta Daniel Cerdán.

-El comisionado expone el caso reciente resuelto a favor de una periodista de Madrid que había demandado a la Dirección General de Deportes de Canarias las cuentas de la Federación Tinerfeña de Fútbol hasta 2013. A la vista de los obstáculos encontrados, la ciudadana acudió a la oficina y esta le dio la razón. “Cualquier entidad que se nutra de recursos públicos está obligada a mostrar una fachada transparente”, arguye Cerdán.