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Costas revisará el deslinde del litoral completo de Bajo la Cuesta

Pablo Matos y Juan Miguel Olivera, con Raquel Orts, el martes en Madrid. | DA
Pablo Matos y Juan Miguel Olivera, con Raquel Orts, el martes en Madrid. | DA

El diputado nacional Pablo Matos, junto con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Candelaria, Juan Miguel Olivera, mantuvieron el martes una reunión con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts, con el fin de analizar la situación actual del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del núcleo de Bajo la Cuesta, en Candelaria.

La sentencia de la Audiencia Nacional, de 26 de noviembre de 2008, ya firme, declaraba nulo un tramo que afectaba a los vértices M-239 y M-240, por lo que en la actualidad la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar estaba procediendo, exclusivamente, a la revisión de este tramo.
En la reunión se analizó la posible incidencia que los nuevos criterios de definición del dominio público marítimo-terrestre, regulados por el Reglamento General de Costas en vigor desde hace un año, pudieran tener en el deslinde aprobado en 2006.

Por ello, la Dirección General de Costas ha tomado la decisión de realizar un nuevo estudio técnico sobre la totalidad del litoral de Bajo la Cuesta, y no solo del pequeño tramo anulado por la Audiencia Nacional. Si se detecta la más mínima divergencia entre el deslinde de 2006 y los criterios del nuevo Reglamento, se procederá a su revisión.

El Ministerio ha garantizado que, mientras se resuelven dichos expedientes, no se realizará ningún acto en relación a las viviendas afectadas. El diputado popular Pablo Matos ha evaluado muy positivamente la decisión de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, puesto que en su opinión “supone garantizar la seguridad jurídica y una nueva oportunidad, una nueva vía a explorar para los vecinos”. “Yo estoy convencido -concluyó Matos- de que la aplicación de los criterios del nuevo Reglamento de Costas provocará la revisión del deslinde de 2006 y, en consecuencia, la solución definitiva a un problema que viene inquietando a 50 familias desde hace una década”.