SOCIEDAD

Discapacidad y violencia machista, posibles baremos para tener casa

Hernández, en el centro, llega a la sede de Presidencia rodeada de sus colaboradoras, ayer. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
Hernández, en el centro, llega a la sede de Presidencia rodeada de sus colaboradoras, ayer. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, presidió al mediodía de este martes, 17 de noviembre, la primera mesa de trabajo organizada con el fin de abordar la elaboración del decreto de adjudicación de viviendas de parque público por puntos que sustituirá al actual sistema de adjudicación por sorteo.

Hernández aseguró que los criterios para la adjudicación de una vivienda social serán “transparentes, justos y que la sociedad se vea reflejada en ellos”.
“Además de la situación salarial del hogar familiar también serán tenidos en cuenta otros aspectos como la violencia de género, que actualmente no está contemplada, las personas con discapacidad o las familias numerosas, entre otros”, aclaró.

No a situaciones sangrantes
Hernández explicó que “esta es una primera reunión y nuestra intención es trabajar con los factores que entendemos que deben de ser puntuables para el acceso a una vivienda pública”. “No puede suceder que una persona con menos necesidad sea agraciada con un número en el sorteo que le permite acceder a la vivienda pública mientras una persona con más necesidad no acceda. Esta es una situación sangrante que tenemos que corregir”, recordó.

La vicepresidenta, en declaraciones a los medios de comunicación que recoge Efe Canarias, señaló expresamente que “hay que dejar a la suerte lo que es de la suerte”, en alusión a que actualmente se adjudican las viviendas públicas por sorteo.

Según la vicepresidenta, “unas 15.000 personas están inscritas como demandantes de una vivienda pública, por lo cual, podrán beneficiarse de estas medidas”.

En la reunión se abordó “el diseño de un decreto que se base en unos criterios de puntuación y de baremación de tal forma que quien acceda a una vivienda sea la familia que más lo necesite, especialmente si de colectivos de riesgo se trata, como son las mujeres víctimas de violencia de género, sin depender para ello de la suerte de un sorteo, sino de las circunstancias personales y familiares de cada adjudicatario”, explicó.

Promesa
La mandataria socialista inicia así la tarea para cumplir con la promesa que reiteró a finales del pasado mes de septiembre sobre la necesidad de acabar con los sorteos en este proceso.

Hernández agradeció la colaboración de los colegios de Trabajadores Sociales y de Abogados de ambas provincias, de los municipios y del Instituto Canario de Igualdad, “que están aportando todo su conocimiento y experiencia para poder poner en marcha este decreto lo antes posible”.

Esta primera Mesa de Trabajo contó con la participación del consejero autonómico de Presidencia de Justicia e Igualdad, Aarón Afonso; de la directora del Instituto Canario de Igualdad, Mariam Franquet; así como representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de los colegios profesionales de Abogados de las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y de los dos colegios de Trabajadores Sociales de ambas provincias.