La Fecam pide al Parlamento la ampliación del plazo para aplicar el decreto de Sanidad Mortuoria

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha remitido a todos los grupos parlamentarios su propuesta sobre el cambio de normativa relativa a la imposición a los municipios, independientemente de su tamaño, de la estructura constructiva de los tanatorios, cementerios, velatorios, así como otras normas relacionadas con el traslado de cadáveres, solicitando una ampliación de los plazos para su adaptación.

Esta normativa, aclara la Fecam, “supone a los consistorios la obligación de proceder a realizar unas costosas inversiones para las que, en la mayoría de los casos, no se disponen de fondos suficientes, salvo detrayéndolos de otras obligaciones ya comprometidas, y todo ello en un plazo de seis meses”.

La propuesta de la Fecam incluye que se pueda paralizar la aplicación del Decreto 132/2014 de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, en los que a sus posibles efectos sancionadores se refiere, dejando sin aplicación las medidas que en este sentido ya pudieran haberse tomado.

En este sentido, la Federación solicita la incorporación de adaptación de la iniciativa en un plazo de dos años medio. Su publicación fue llevada a cabo el 8 de enero de 2015 en el Boletín Oficial de Canarias y vino a suponer un cambio en la normativa vigente desde 1974.

Este nuevo texto, apunta en un comunicado, pretendía la actualización de la normativa canaria a una serie de normas posteriores como son la propia Ley General de Sanidad o incluso a la propia Ley 11/1994 de Ordenación Sanitaria Canaria.

La Fecam considera que el plazo establecido de apenas seis meses, concedido por el Gobierno de Canarias en un momento de crisis económica, “crea serias dificultades”, y recuerda que en otras Comunidades Autónomas que, en su momento, precedieron a la adaptación de la normativa en estas materias, “se otorgaron plazos mucho más dilatados y coherentes”.

En ese sentido, destaca el Decreto 72/1999 de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que otorgó un plazo de dos años o el del País Vasco, que la adaptación se estableció en un año.

Por este motivo, la Fecam apela a la “sensibilidad” de los grupos parlamentarios representados en la Cámara regional para que a su vez, insten al Gobierno de Canarias sobre la posibilidad de ampliar la adaptación de los municipios a esta normativa dentro de un plazo más amplio que el establecido en la actualidad.