SANTA CRUZ

La Fiscalía acusa a la Audiencia del retraso en la demolición del edificio

El Consistorio insiste en que hasta que Costas no defina el deslinde no podrá derribar parte del edificio. / M.P.
El Consistorio insiste en que hasta que Costas no defina el deslinde no podrá derribar parte del edificio. / M.P.

La Fiscalía canaria considera que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es, en parte, responsable de la tardanza en demoler el inmueble afectado por el llamado caso Mamotreto, en el que se condenó a tres exconcejales y otros tres exfuncionarios del Ayuntamiento capitalino por la construcción de un edificio de aparcamientos a la entrada de la playa de Las Teresitas que la Justicia ha considerado parcialmente ilegal.

Así se recoge en la Memoria anual que todos los años publica la Fiscalía de Canarias y que se adjunta a la de todo el Estado. Este documento público alaba la decisión de la primera instancia (Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife), de la que sostiene “que aborda la cuestión de la demolición desde los modernos estándares jurisprudenciales”, para a continuación asegurar que tal sentencia fue “matizada” por la segunda instancia (Sección Segunda de la Audiencia Provincial) “mediante una fórmula de difícil interpretación”.

Eso sí, la Fiscalía explica igualmente en su Memoria que ese retraso en la demolición también es fruto de la necesidad de indagar sobre el estado financiero del condenado (que debe sufragar el derribo y no colabora en este tipo de casos) y en la necesaria intervención de la administración.

Precisamente, el Ayuntamiento capitalino (que es la administración involucrada en este caso) explicó hace unos días que no ha procedido al derribo del referido edificio de aparcamientos porque se encuentra a la espera de un informe de la Dirección General de Costas que delimite la parte del inmueble que no cumple la legislación vigente.

A pesar de la alta valoración que muestra la Fiscalía con respecto a la sentencia de la primera instancia, lo cierto es que el contenido de la misma fue discutida desde la perspectiva técnica por el reconocido arquitecto José Ángel Domínguez Anadón en una información publicada por DIARIO DE AVISOS.

Posteriormente, el propio Colegio de Arquitectos de Santa Cruz de Tenerife se decantó con rotundidad a favor de la tesis de Domínguez Anadón. Tales discrepancias son aludidas por la Memoria de la Fiscalía, que reseña la existencia de “artículos de opinión disonantes” al respecto.

Resta añadir que la sentencia por este caso fue dictada en primera instancia allá por febrero del año pasado y refrendada en noviembre de 2014 en segunda instancia por la Audiencia.

Por lo que respecta a la ejecución de la sentencia en la parte que dispone penas privativas de libertad para tres de los acusados, apuntar que la Audiencia Provincial ha suspendido la misma en dos de los casos, a la espera de que se diluciden los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional.

La vía a la que se agarra el Consistorio para legalizar
Por Natalia Torres

La sentencia de la Audiencia Provincial de noviembre de 2014 abrió la puerta a la legalización de la parte del edificio de aparcamientos que no invade la servidumbre pública. Es cierto que el fallo lo recoge como una excepcionalidad, pero ha sido suficiente para que el Ayuntamiento de Santa Cruz lleve un año buscando la manera de poner en práctica esa excepcionalidad, que no es otra que buscar un planeamiento en vigor que permita legalizar la mayor parte del mamotreto. Si bien el último informe municipal enviado al juzgado señalaba que, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede legalizar vía planeamiento (es decir creándolo exprofeso) algo que es ilegal, el alcalde, José Manuel Bermúdez, dejó entrever esta semana por dónde se movería la posible legalización del edificio. Y es que, si bien el Plan Especial de Las Teresitas aún no está aprobado, teniendo en cuenta que su finalidad es la de desarrollar las indicaciones del Plan General, este solo vendría a constatar lo que ya viene recogido en el PGO desde 1992 y cuya aprobación definitiva y parcial no modificó: en la parcela que va en la cabecera de playa ha de ir un aparcamiento. “Hay que obedecer la indicación del Plan y ahí dice que va un aparcamiento”, defendió Bermúdez.