El lunes 26 de octubre, en la sede de Cajasiete se celebró el II Foro de Viviendas Vacacionales, que organizó ASCAV, presidido por Doris Borrego. Al calor de la aprobación, el pasado 22 de mayo, en las elecciones, del Decreto de la Vivienda Vacacional, que a última hora dejaba el sector en la ilegalidad. Luego corregido por el Gobierno entrante, que en sede parlamentaria instaba al mismo a corregirlo, aunque a la fecha esté en ello. Excelente acogida del Foro, que contaba como ponentes a Juan Franch, catedrático de Derecho Mercantil de la UIB de Palma de Mallorca; Hugo Luengo, arquitecto urbanista de Canarias; Luis Gortázar, del Instituto de Turismo Sostenible de la Unesco-Canarias; Antonio Moure, promoción de la Competencia de la CNMC, de Madrid; Juan Carlos García, de la OCU de España; y Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur, Federación Española de Viviendas Turísticas, Barcelona.
Ashotel excusó su asistencia, no lo hicieron Ruano, portavoz de CC en el Parlamento; Cristina Tavío, en el PP en el Parlamento, al igual que Iñaki Lavandera, portavoz del PSOE. Por el Gobierno, Candelaria Umpiérrez, directora general de Turismo. La sala llena, con 300 personas de público, vinculadas a la vivienda vacacional, empresas, gestoras, inmobiliarias y asociaciones del ramo, Asociación de Las Palmas de Apartamentos Turísticos, sindicatos, funcionarios, universitarios, concejales y consejeros, público en general. Buena presencia de medios.
Se abordó en las ponencias la caracterización y realidades del fenómeno global de la vivienda vacacional. Juan Franch tachó el decreto de “esperpento legislativo”, al negarse a reconocer la realidad de una oferta que se impone en los mercados vacacionales del mundo. Hugo Luengo centró el nudo de su intervención señalando que en las sociedades del conocimiento el control se traslada desde los sistemas normativos externos, a cualificar al operador que ejerce la actividad. Problema que hizo extensivo a la actual situación jurídico-urbanística canaria, que mantiene bloqueada la gestión de cualquier actividad con suelo. La economía colaborativa vía Internet ha cambiado las relaciones de intermediación y el papel de los operadores.
Muy acertado Luis Gortázar, centrando su discurso en la triple sostenibilidad: ambiental, económica y social, que ha cambiado los modelos turísticos. Donde el vacacional está ofreciendo mejor respuesta a esta triple demanda sostenible. Muy ilustrado, Antonio Moure, de la CNMC, que desarrolló su intervención bajo la sugerente imagen de calificar las medidas del decreto vacacional, cuya suspensión fue realizada a consecuencia de su informe, bajo la triple calificación de “charcos, alambradas y muros”, que el decreto pone a la vivienda vacacional. En su análisis es un muro la exclusión de las vacacionales de las zonas turísticas. Sólo son admisibles las limitaciones del mercado que no afecten al interés general y rechazables aquellas otras que impliquen reserva de mercados para operadores concretos. Continuó Juan Carlos García, de la OCU, en análoga línea de defensa del consumidor, que en las actuales sociedades son el referente, las leyes al servicio del ciudadano. La OCU tiene al turismo en general con un bajo nivel de conflictos, con el vacacional en análoga posición. Concluyó Pablo Zubicaray, de Fevitur, quien apoyó su aplaudida intervención en la encuesta de su Federación para este modelo turístico, realizada en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Granada, Calpe y Palma de Mallorca.
Para acercarse a Canarias, lo hizo con el caso mallorquín. En las cifras de Baleares del 2014, el vacacional viene a ser el 15% de la actual oferta. Con crecimientos anuales en torno al 20% y donde el 32% de los turistas sólo quiere esta oferta. Su facturación año es de unos 1.260 millones de euros, de los cuales la mitad está fuera de la vivienda, y la totalidad en la zona de destino, capilarmente distribuída. Es el segmento que más crece y no genera conflictos en destino diferentes al resto. El debate en sala permitió la intervención de los políticos presentes. José Miguel Ruano (CC), Cristina Tavío (PP) e Iñaki Lavandera (PSOE) manifestaron su postura de buscar soluciones posibles, que permitan legalizar. A modo de conclusiones derivadas del debate en sala: la vivienda vacacional es un negocio lícito y por lo tanto debe ser regulado con amparo legal; no se entiende el retroceso en pleno proceso de liberalización de servicios. Esta vivienda lleva en Canarias funcionando desde siempre, al amparo de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Debe permitirse en suelos turísticos, donde se localiza hoy el 90% de la oferta de las 53.000 viviendas vacacionales. Regular con seguridad jurídica, leyes sencillas y claras, que deslinden con precisión su frontera con la LAU. Asunción del nuevo impuesto del IGIC para esta modalidad extrahotelera. Entender que es un modelo de futuro y largo recorrido. Presenta en destino la mayor eficacia y reparto económico. Debe admitirse esta modalidad extrahotelera en suelos residenciales y rústicos. Acelerar el proceso de simplificación administrativa en marcha. La economía colaborativa vía Internet ha llegado para quedarse. Aparecen nuevos operadores y se suprimen costes de intermediación. Se democratiza el sistema. O sea.
*Arquitecto y urbanista