SOCIEDAD

El Gobierno de Canarias estudia medidas de protección para los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género

La vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, se reunió este viernes con las asociaciones de familiares de víctimas de violencia de género ‘Beatriz’ y ‘Todas somos Guaci’ y el objetivo de este primer encuentro, en el que también estuvieron presentes el consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso, y la directora del ICI, Marián Franquet, era escuchar aún más de cerca las dificultades por las que atraviesan los familiares y sobre todo los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por la violencia machista.

La vicepresidenta defiende la necesidad de proteger a los hijos de las mujeres asesinadas por violencia de género e hizo hincapié en que “cuando una mujer es asesinada el drama no termina ahí, ya que son muchos los casos en los que los familiares tienen que hacerse cargo de los menores y se enfrentan a una situación muy complicada”.

Para Hernández, “los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género no son meros espectadores, y pueden presentar graves dificultades de toda índole a lo largo de su vida”.

Por ello, dijo que el Gobierno “está trabajando en buscar mecanismos de coordinación y estableciendo protocolos entre todas las administraciones para que los niños y niñas estén más protegidos, en todos los aspectos, desde luego a nivel psicológico pero también a nivel económico”.

En España 41 mujeres han sido asesinadas este año por violencia de género, dos de ellas en Canarias: Laura González, de 27 años y madre de un niño e Iris Francés, que tenía tres hijos.

El Instituto Canario de Igualdad, como organismo que representa al Gobierno de Canarias, se persona en todas las causas judiciales “pero además es necesario que se realice un seguimiento exhaustivo de las familias, con especial atención a los menores”, destacó. Se trata, en su opinión, “de una lacra contra la que estamos luchando y contra la que se puede luchar”.

Ana María Fumero, que habló para los medios de comunicación en representación de las dos asociaciones, destacó que esta es la primera vez que es recibida por una administración pública, y que ha sido una oportunidad para poder trasladar la experiencia de los familiares de las víctimas “después de haber perdido a nuestra hermana, hija o amiga”.

“Una vez la mujer muere, la familia y los niños quedan en el olvido. En muchos casos son acogidos por las abuelas, los tíos o tías que no tienen recursos económicos para pagar las tasas universitarias, el transporte o las actividades extraescolares”, apuntó Fumero.

La propuesta de las asociaciones es que el Estado debe legislar para que estos niños y niñas queden exentos del pago de matrículas, del impuesto de sucesiones, de las plusvalías de las herencias de sus madres, “en definitiva de cualquier pago que pueda ser perjudicial para el acceso a los servicios”, señaló Fumero, que insistió en que “cuando la madre víctima de violencia de género trabajaba, los menores tienen acceso a la pensión de orfandad, pero cuando no, se quedan sin ningún ingreso, ya que como el agresor pierde su trabajo al entrar en prisión, los hijos están en una total desprotección económica”.

La propuesta más novedosa de las asociaciones es la creación de un registro de niños y niñas víctimas de violencia de género “para que cuando vayan a cualquier administración con la mera presentación del DNI queden exentos de determinados pagos e impuestos”.

En cuanto al último caso de violencia de género en el que se denegó por parte de los jueces la orden de protección, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Marián Franquet, declaró que “el sistema ha ayudado a muchas mujeres, pero desgraciadamente no a todas”, y por eso, explicó, “debemos seguir insistiendo en la especialización, para que todos aquellos que tienen que ver con la red de protección a las mujeres víctimas de violencia de género puedan identificarla de inmediato”.

ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Isolina Martín creó la Asociación Beatriz, en memoria de su hija Beatriz Sanfiel, una joven de 21 años, estudiante de la Universidad de La Laguna, que fue asesinada por su exnovio en su piso de la calle Calvo Sotelo, el 26 de diciembre de 2006.

El 28 de febrero de 2008, su agresor fue hallado culpable y condenado a 18 años de prisión. Por su parte, la asociación ‘Todos somos Guaci” está impulsada por Luz Marina Rodríguez, que desde hace dos años y medio lucha por hacer visibles las barreras burocráticas, administrativas y económicas a las que deben hacer frente los familiares de las mujeres asesinadas por sus exparejas e, incluso, aquellas afectadas que salvan la vida tras un intento de homicidio o asesinato.