Cinco empresarios se sentarán en el banquillo el próximo 15 de enero en un macrojuicio que se espera dure hasta abril para dilucidar su responsabilidad por extraer áridos durante más de veinte años en los barrancos de Güímar de manera ilegal.
La Fiscalía solicita penas de cinco años de prisión para cada uno de los cinco acusados y una indemnización de 279 millones de euros, aparte de los 209 que exige el Ayuntamiento de Güímar para restaurar el paisaje dañado por unas canteras que han dejado la huella de hoyos que llegan a alcanzar los 80 metros de profundidad.
Este procedimiento comenzó en el año 2005, tras una denuncia presentada por el entonces concejal del PNC Francisco Hernández Armas, y que hizo suya la fiscal Inmaculada Violán, hoy fuera de la Isla, pero en realidad las denuncias por las extracciones de áridos comenzaron hace cuarenta años, cuando en 1973, los agricultores y vecinos de la zona, movilizados por Saturnino García (presidente de la Asociación de Vecinos de la época, ya fallecido) se levantaron contra la primera extracción de áridos y se plantaron cuando intentaron poner una planta de asfalto en la zona conocida por el Badén, hasta 1984 en que aprobaron las Normas Subsidiarias de Güímar que declaraban aquella zona como suelo agrícola. Hoy Saturnino García da nombre a la asociación que lucha por la recuperación de los barrancos y que preside Juan Antonio Rodríguez. Durante los años 90, cientos de vecinos cortaron los accesos a las canteras hasta que fueron desmovilizados por unos acuerdos convenidos entre el Ayuntamiento y los empresarios, amparados por el Cabildo. La ampliación de la autopista del Sur y el boom turístico necesitaban áridos y el municipio de Güímar era la gran cantera de Tenerife, hasta que en 2004 Vicenta Díaz clausuró la primera cantera y cuatro años después Rafael Yanes hizo lo propio con la última que quedaba. Muchos agricultores, cansados de ver como sus canteros se desmoronaban,terminaban cediendo y vendían sus terrenos a 5.000 pesetas el metro cuadrado con lo que llegaron a ganar por cada uno 300.000 euros excavando casi un centenar de metros. Un negocio redondo que contó con autorización de Minas bajo la denominación de Plan de Labores, pero que nunca tuvo la obligada licencia municipal.
Pasaron los años y todo el mundo, Cabildo, Gobierno de Canarias e Industria, miraban para otro lado, mientras que el Ayuntamiento de Güímar recibía donaciones como una pala mecánica o una barredora y dinero para las fiestas, como sucedió también en Arafo, donde el exalcalde Domingo Calzadilla llegó a recibir, por ejemplo, en 2003 y 2004 de 64.28,20 y 37.400 euros para las fiestas patronales. El propio Antonio Plasencia, el empresario más conocido entre los cinco imputados, ya ha manifestado en más de una ocasión que ha donado dinero a diferentes partidos políticos y en 2008, cuando fue citado a declarar por primera vez en este caso, relató que “se pidió a los extractores que aportáramos 100 millones de pesetas para hacer una vía de servicio para evitar pasar por el casco urbano y que podíamos seguir extrayendo árido hasta que el Ayuntamiento legalizara todas las situaciones”, añadiendo que “firmamos convenios que aportaban dinero al Ayuntamiento, como por ejemplo para asfaltado de caminos y dotación de maquinaria”, señaló Plasencia en aquella comparecencia.
Hoy, a puertas del juicio, los empresarios han visto embargados sus bienes para responder a la fianza de 279 millones de euros, mientras el Ayuntamiento de Güímar y otras administraciones, que hicieron la vista gorda, se van de rositas.
“El Ayuntamiento recibió donaciones y compró arena, como toda la Isla”
Carmen Luisa Castro, actual alcaldesa de Güímar, asegura que no teme una denuncia por prevaricación por fomentar la construcción de un parque acuático (Mimiland Park) en una de las canteras de áridos. “No entiendo que puedan denunciarme cuando dicen que fue una fantasía electoral”, afirma con sorna, mientras insiste que “ojalá pudiera darle la licencia municipal al promotor para realizar ese proyecto”, que entiende es una forma de restaurar el daño ocasionado al terreno por varias décadas de extracción de áridos.
Sobre la indemnización de 209 millones de euros que pide el Ayuntamiento de Güímar por el daño medioambiental causado por las cinco empresas areneras, Castro afirma que “esa es una herencia recibida de la etapa de Rafael Yanes, que se personó en la causa”. La alcaldesa admite que etapas pasadas el Ayuntamiento recibió donaciones de los empresarios y se les compró áridos, “como el resto de la Isla”, pero que las empresas nunca dispusieron de licencia municipal para realizar las extracciones.
El exalcalde Rafael Yanes confirma que en 2008 clausuró la última cantera que quedaba y que “en el año 2009 el Ayuntamiento se personó en la causa abierta por la Fiscalía por la vía civil, nunca penal, para exigir la indemnización de 202 millones de euros que costaría restaurar los barrancos según un estudio de 2005”.
