Análisis

La ley, y solo la ley, pondrá en su sitio a los independentistas

¿Qué se puede hacer cuando unos dirigentes políticos persisten en su negativa a rectificar y deciden seguir adelante con unas propuestas que, sin la menor duda, violan la legalidad vigente? No hace falta ser licenciado en Derecho, catedrático o especialista en asuntos constitucionales para obtener una respuesta unánime: hacer que se cumpla la ley. Tras la imposibilidad de dialogar con quien no está dispuesto a moverse de sus posiciones políticas, aun a sabiendas de que violan la Constitución y las normas vigentes, sólo queda una salida: utilizar, con todas las consecuencias a que dé lugar, la fuerza de la ley. En este estadio nos encontramos actualmente y en tal sentido la Abogacía General del Estado, como encargada de la representación y defensa de los intereses estatales, será quien, en nombre del Gobierno de la nación, impugne ante el Tribunal Constitucional la declaración secesionista que emane del Parlamento de Cataluña, ya presentada a trámite hace unas fechas por la mayoría que conforman Junts pel Sí y la CUP. La declaración pretende que la cámara legislativa catalana se erija en “depositaria de la soberanía y expresión del poder constituyente” para iniciar el llamado proceso de “desconexión democrática” con España, a cuyas instituciones ya no quedará supeditada, y crear el Estado catalán independiente.

Como parece obvio, el argumentario del recurso se basará en la indisoluble unidad de la nación española que consagra la Constitución y en que los poderes del Estado emanan del pueblo español en su conjunto, no de una parte del mismo (Cataluña en este caso), que es en el que reside la soberanía nacional, tal y como ya proclamara el mismo Tribunal Constitucional en marzo de 2014, tras la declaración soberanista formulada entonces por Artur Mas, presidente de la Generalitat. Seguramente se basará también en que el Parlamento catalán se extralimita en sus funciones, puesto que no está legitimado para ir más allá de las competencias legales que le atribuye el Estatuto de Autonomía, y en que la mera admisión a trámite por la Mesa del Parlamento de una propuesta ilegal es nula de pleno derecho al vulnerar el artículo 23 de la Constitución referido a las facultades de los diputados. En varias sentencias, el Tribunal Constitucional ya ha dispuesto que los derechos fundamentales no pueden ser modificados mediante declaraciones jurídicas elaboradas, aprobadas o tramitadas al margen de los cauces constitucionales y legales establecidos. Al margen de este recurso, ha trascendido que el Gobierno intenta detener por unos días la resolución independentista dentro del propio Parlamento mediante unos recursos presentados por el Grupo Parlamentario Popular, que deberá constituirse antes del 5 de noviembre y que pide la reconsideración y no calificación de la propuesta. Ciudadanos y el Partido Socialista apoyan al PP ambos y piden además que la Mesa de la Cámara no tramite la propuesta de resolución de declaración del inicio del proceso independentista. Por su parte, el grupo de Catalunya Sí que es Pot ha presentado otra iniciativa de defensa de un referéndum pactado como vía para salir del conflicto.

Si, como cabe esperar, el Parlamento sigue adelante y tramita la resolución de inicio de la independencia catalana, lo normal es que el Gobierno inste al Tribunal Constitucional a que actúe contra la persona o personas responsables del incumplimiento de la ley, lo que a su vez dependerá de quién formule la propuesta: la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, o el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. Quien lo hiciere podría ser suspendido o inhabilitado en sus funciones y obligado a dejar el cargo, aunque la doctrina jurisprudencial señala que el autor de un delito no es solo quien lo ejecuta; también quien lo induce, promueve o coopera para que se pueda llevar a cabo, con lo cual la medida podría tener mayor alcance. La polémica reforma del Tribunal Constitucional que el mes pasado aprobó el PP con solo sus votos permite garantizar el cumplimiento efectivo de sus resoluciones. Puede además sancionar a las autoridades, empleados públicos o particulares que las desobedezcan, suspenderlos en sus funciones y multarlos hasta con 30.000 euros.

Otra posibilidad, en este caso en aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, es que el Estado declare el estado de alarma, excepción y sitio si se produjera o amenazara con producirse “una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios”. En tal supuesto, el Gobierno tendría que designar a una autoridad militar bajo cuya dirección se hayan de ejecutar “las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera”, en este caso Cataluña. Incluso podría enviar el Ejército en aplicación del artículo 8 de la Constitución, según el cual “las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

Suspender la autonomía
También podría aplicar el Gobierno el artículo 155 de la Carta Magna, que permite la suspensión de la autonomía de una Comunidad si “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. Esta medida sería adoptada “previo requerimiento (del Gobierno) al presidente de la comunidad autónoma”. En el caso de no ser atendido, “con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, (el Gobierno) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

El Gobierno considera que, según los informes jurídicos que le ha preparado la Abogacía del Estado, puede aplicar dicho artículo 155 aun con las Cortes disueltas, ya que sus funciones las asume la Diputación Permanente del Senado hasta que se constituya la nueva legislatura, en enero. En tal supuesto, bastará con que presente el presidente del Senado un escrito en el que manifieste el contenido y alcance de las medidas que pretende aplicar junto a la justificación de haber realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y su posterior incumplimiento. La mesa del Senado remitiría esta documentación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, quien a su vez requeriría al presidente de la Generalitat para que le remitiera las alegaciones que considere oportunas y designe a una persona para que ejerza su representación. La Comisión emitiría un dictamen y el pleno del Senado (o la Diputación Permanente) votaría la propuesta, para cuya aplicación práctica debería ser aprobada por mayoría absoluta.

También puede actuar el Ejecutivo central mediante la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permite el control gubernamental de las cuentas de las autonomías, sobre las que Hacienda puede multar e intervenir en varios; la Ley de Transparencia, que autoriza en determinados casos la inhabilitación de aquellos cargos públicos que cometan infracciones muy graves en el desempeño de sus responsabilidades, e incluso podría aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que autoriza al Gobierno central a controlar a las policías locales y autonómicas en el caso de que así lo decida por razones de interés nacional.

El Gobierno cree que los independentistas, en su pulso con la legalidad vigente, utilizan una estrategia muy meditada, que empieza por lo que consideran proceso constituyente, penado con el simple delito de desobediencia civil, aplicable por el Código Penal a quienes “resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones” y que contemplan penas desde tres meses hasta cuatro años de cárcel. En cambio, si se declarara unilateralmente la independencia, los parlamentarios podrían ser acusados de un delito de rebelión (penado con hasta 30 años de prisión y hasta 15 de inhabilitación) o de sedición (que contempla penas de prisión e inhabilitación de hasta 15 años).

Este es el panorama legal que se advierte hoy. Del político mejor no hablar porque, mientras persista el desafío independentista, están cerradas todas las posibilidades de diálogo y negociación. Los tres grandes partidos, con Podemos convertida en la práctica en marca blanca del independentismo, han cerrado filas en apoyo de la legalidad y el Estado de Derecho, respaldando al Gobierno -también lo harán en breve otras formaciones políticas menores- en su política de defensa de la Constitución. Así las cosas, el choque de trenes parece asegurado. Pero también el imperio de la ley y por tanto la posibilidad cierta de que algunos dirigentes políticos catalanes den con sus huesos en la cárcel. Si es así -y sería bien lamentable-, ellos se lo habrán buscado porque han dividido y engañado a la sociedad catalana sabiendo que el Estado no va a ceder a su chantaje. Como con ETA, ganará la batalla con la ley en la mano.