El dardo

El mamotreto

Un oficio del Juzgado de lo Penal 5 de Santa Cruz de Tenerife ordena al ayuntamiento que derribe, “a la mayor brevedad posible”, la parte del edificio conocido como mamotreto que se cree invade la zona de servidumbre y protección del dominio público marítimo-terrestre. El resto del edificio, de 4.000 metros cuadrados, debería ser también demolido si no fuera porque es legalizable según la modificación del planeamiento ya decidida por la corporación municipal. Estamos ante una de las ramificaciones del pleito de Las Teresitas, en este caso a cuenta de la invasión, por error -no con fines especulativos-, de una zona que Costas elevó poco menos que a sacrilegio urbanístico, conocidas sus diferencias con el municipio. La inapelable realidad de los hechos puso las cosas en su sitio y dejó tal invasión en una menudencia: 60 metros cuadrados. El mamotreto es una obra construida tras un concurso internacional ganado por el prestigioso arquitecto Dominique Perrault, la cual ofrece aparcamientos públicos bajo rasante y locales para dedicarlos a ocio y restauración, tan necesarios en esa zona recreativa. La Justicia sigue erre que erre con sus errores y contradicciones sobre supuestas ilegalidades no convalidadas y sin considerar que derruir el edificio ocasionaría mayores perjuicios económicos que los beneficios que obtendrían Costas y los ciudadanos. Lo que pasa es que el mamotreto ha sido rechazado por su aparente impacto visual, que sin embargo será inexistente según el proyecto, ya que los aparcamientos irán soterrados y su zona superior, en forma de plaza pública, se convertirá en un gran mirador volcado a la playa y el mar. Las posturas encontradas entre CC y PP con el PSOE han acabado por influir en una obra muy necesaria para la capital, que en modo alguno puede ser considerada como atentado ecológico. Eso se deja para veintitantos hoteles lanzaroteños literalmente pegados a las playas o para la biblioteca pública de Las Palmas que sin embargo seguirán en pie. Mientras, aquí continuamos mareando la perdiz, con ayuntamiento y juzgados pasándose la pelota de un asunto que está más claro que el agua. Porque a la postre sería un dislate, además de un despilfarro, echar abajo un bien público que más adelante habría que volver a construir dada su necesidad.