Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Mauricio Roque González acumula más de 15 años de experiencia en materia de menores. No en vano, formó parte del equipo redactor del segundo informe nacional sobre la aplicación de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de la infancia. También asesoró al Gobierno regional en la redacción del Decreto de Menores en situación de riesgo y fue jurista del Servicio de Valoración de la propia Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de la que se hizo cargo en septiembre. De sus objetivos y proyectos dialoga en esta entrevista con el DIARIO.

-¿Qué situación se ha encontrado a su llegada a la Dirección General de Infancia y Familia?
“Me he encontrado un nuevo marco normativo, que nos obliga a potenciar una serie de actuaciones y añadirle un plus al acogimiento familiar. Por ejemplo, las obligaciones legales exigen que los menores de 0 a 3 años no deben estar en un centro en ningún caso, y los de 3 a 6 preferentemente tampoco. Por eso, es la primera línea de actuación en la que estamos trabajando, en reducir al máximo los menores en residencias, en cualquiera de sus modalidades, para que puedan estar con una familia. Pero, sobre todo, estamos trabajando en la prevención familiar, porque la tutela administrativa para un niño debe ser el último recurso”.

-Cuando se desarrolló el programa de acogimiento familiar, se habló de que el objetivo a medio plazo era acabar con los centros de menores. ¿Se sigue trabajando en esta misma idea?
“Todos los derechos del menor se dan en su entorno, tanto en medidas judiciales como en protección. Por eso, todas nuestras propuestas y acciones van encaminadas a dar una respuesta educativa y de reinserción. Y vamos a intentar que los centros sean solo una medida alternativa y residual, priorizando el acogimiento familiar, en familia extensa o ajena”.

-¿Cuántas familias forman parte en estos momentos del banco de familias acogentes y cuántos menores en desamparo hay en Canarias ahora mismo?
“El dato está en revisión, porque con la nueva ley hay que adecuar las condiciones de ese banco y la propia acogida. La reforma, por ejemplo, incluye la adopción abierta, es decir, que haya relación entre el adoptante y la familia de origen, que sería el mejor estado para el menor en el caso de que no pueda estar con su familia de origen. En cualquier caso, y aunque fluctúan, podemos estar hablando de un banco de unas 400 familias acogentes y 1.455 menores en desamparo. De ellos, 72 son menores extranjeros mayores de 12 años. Del total, 726 están en un recurso residencial, lo que supone menos de la mitad”.

“En estos momentos hay en Canarias 1.455 jóvenes en desamparo”

-¿Qué es lo que ha motivado que caigan tanto las cifras (más del 40%) en apenas cinco años?
“Se está trabajando más en la atención y en la prevención, ya desde los ámbitos más cercanos, como son los servicios sociales municipales. Eso ha hecho que baje mucho la cifra de menores tutelados. Antes no se trabajaba directamente en la familia, sino que se daba directamente traslado para que se decretara el desamparo. Ahora, con la nueva ley, incluso se establecen las situaciones de pre-riesgo y riesgo, que abre todavía más el abanico de intervención, lo que redunda en beneficio del propio menor”.

-Tres meses antes de que usted se hiciera cargo de la Dirección General, también se puso en marcha el llamado acogimiento profesionalizado. ¿Cómo está funcionando en estos momentos?
“Está funcionando muy bien, aunque actualmente también está en revisión para adaptarlo a los cambios legales. El acogimiento profesionalizado ahora pasa a llamarse especializado, pero dentro de él se desarrolla un tipo de acogimiento profesionalizado con contrato con la entidad pública. Hasta ahora, los acogimientos profesionalizados los realizaban profesionales adecuados para la intervención con el menor, pero ahora esa persona deberá tener un contrato con la Administración. Y todo esto sin que se incremente el gasto, algo que no nos deja demasiado margen de maniobra”.

-Uno de los aspectos más significativos de la nueva ley es la protección del menor más allá de los 18 años de edad, algo que no ocurría hasta hoy, y que es especialmente importante en los menores extranjeros no acompañados. ¿No es así?
“Sin duda. Desarrollamos programas para ampliar esa protección a través de pisos tutelados, para que los menores que vienen de centros entren en un programa de vida independiente al ser mayores de edad, con un proyecto socioeducativo y una atención especial. Y también estamos en contacto con otras administraciones, como Sanidad, Educación y el Ministerio Fiscal, para que muchos de estos chicos se acojan a los programas de garantía juvenil del Servicio Canario de Empleo, donde pueden entrar a partir de los 16 años. Cuanta más educación tengan, más oportunidades tendrán”.

“La tutela administrativa para un niño ha de ser el último recurso”

-¿Se va a retomar el programa de reagrupamiento familiar de menores extranjeros?
“Sí, lo vamos a potenciar, porque además la nueva ley nos obliga a la búsqueda de los orígenes del menor. Nuestro mayor interés es que el menor esté con su familia, y bajo esa premisa se intentará la reagrupación familiar y la intervención, siempre cumpliendo la legalidad vigente y el proceso de garantías del niño. Este tendrá derecho a ser escuchado más allá del simple trámite de audiencia y tendrá derecho a defensa y asistencia legal. Por eso, desarrollaremos nuevos protocolos para asegurar el proceso y el interés del menor”.

-Otra de las áreas de su departamento es la de Infancia. En las últimas semanas se ha hablado mucho de las guarderías, tanto lo que se refiere a los centros ilegales como a la falta de escuelas públicas y el supuesto desvío de los fondos destinados para su construcción. ¿Qué opina de todo esto?
“De esta Dirección General apenas dependen 12 guarderías en toda Canarias, que cumplen una función más social que educativa. Ahora mismo también se ha cumplido la prórroga del decreto, y estamos viendo cómo podemos intervenir para acometer todas las reformas que fueran necesarias, en cuanto a los propios centros y al personal”.

-¿Es partidario de que Educación asuma estas guarderías, o que Políticas Sociales aumente las que están a su cargo?
“Esto no es un problema de ahora, pero ya he dado instrucciones para que se tome una decisión definitiva. Creo que es necesario que se desarrolle una red de escuelas infantiles en Canarias, que pertenezcan a Políticas Sociales o a Educación, sin distinciones. Personalmente, creo que Educación debería asumirlas para poder desarrollar el mismo proyecto formativo en todas, y vamos a dialogar con ellos en ese sentido”.