SOCIEDAD

“Ninguna familia sin recursos será desahuciada por no pagar”

José Gregorio Pérez Medina, director del Instituto Canario de la Vivienda. / DA
José Gregorio Pérez Medina, director del Instituto Canario de la Vivienda. / DA

Hijo de emigrantes canarios en Venezuela, José Gregorio Pérez Medina (Caracas, 1979) regresó a la Isla con 14 años, para licenciarse luego en Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna. Fue teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Vivienda del Ayuntamiento de Los Silos. También formó parte de los consorcios de Extinción de Incendios y Tributos de la isla de Tenerife, además de vicepresidente de la Mancomunidad del Norte. Desde el pasado mes de junio ejerce como director del Instituto Canario de la Vivienda, una complicada reválida que afronta con “ilusión” y “responsabilidad”. Los desahucios, las ayudas al alquiler y la Ley Canaria de Vivienda, entre otros, son los temas con los que trata de lidiar pese a las dificultades y la herencia adquirida. De todo ello dialoga en esta entrevista con el DIARIO.

– En las últimas semanas la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha vuelto a denunciar la pasividad del Gobierno de Canarias ante este tipo de situaciones. ¿Qué opinión le merece?
“En una reunión que yo mismo les pedí, les comenté que no se puede seguir actuando de forma espontánea, dejando que los procedimientos se agoten y esperando el último día para generar alerta social, con lo que la respuesta a estas situaciones se tenga que producir el mismo día que se va a hacer el lanzamiento, lo que genera cierta tensión. Y les planteé esto porque normalmente los aplazamientos no resuelven el problema, solo lo retrasan. Creo que hay que hacer planteamientos más generales, separando las situaciones. Nosotros siempre hemos distinguido y prestado especial atención a los desahucios hipotecarios, porque entendemos que hay una relación de poder entre las entidades financieras y las personas lanzadas, muy diferente a los desahucios y conflictos entre particulares. Porque no es lo mismo una familia completa sus ingresos con una vivienda en alquiler, respecto a un lanzamiento de una familia sin ingresos, en el que interviene una entidad financieras que incluso ha tenido que ser rescatada con dinero público”.

“Trabajamos para evitar que las cosas se hagan de forma improvisada”

– ¿Qué respuesta está ofreciendo el Gobierno canario a las familias desahuciadas por bancos?
“Estamos diseñando una oficina de intermediación hipotecaria y de defensa del derecho a la vivienda, que estará orientada a prestar servicios y dar respuesta a las situaciones que se van produciendo. Como ya explicó la vicepresidenta del Gobierno (Patricia Hernández), los desahucios hipotecarios se han ralentizado mucho, por no decir que están prácticamente parados, sobre todo cuando se trata de primera vivienda. Hemos podido intervenir en todos los casos que hemos conocido, en parte por la presión social en torno a ellos”.

– ¿Y en el caso de los desahucios entre particulares, como por ejemplo fue el de Berta y Antonio en el municipio tinerfeño de Tacoronte?
“Entendemos que en los desahucios entre particulares, por impago de arrendamientos y otras cuestiones, debe haber una respuesta por parte de las administraciones para las personas que se puedan quedar sin vivienda, pero la intervención no puede ir orientada a evitar el desahucio, sino a facilitarles una alternativa residencial, porque en estos casos no entra directamente la Consejería de Políticas Sociales, sino otras administraciones y servicios sociales municipales donde puedan producirse esos casos”.

– Da la sensación de que estas cuestiones se están solventando de forma improvisada, ¿no le parece?
“Precisamente, estamos trabajando para que eso no ocurra. Por eso estamos intentando crear una estructura que dé respuesta a los desahucios de forma instrumentalizada, trabajando con las plataformas antidesahucios, con los servicios sociales y los ayuntamientos y con los responsables de Justicia para habilitar alguna herramienta que nos permita tener acceso e información de los procedimientos de desahucio que se están incoando, los que están en trámite y, sobre todo, los que tienen fecha de lanzamiento, para poder intervenir mucho antes de que este se produzca”.

“Hemos conseguido paralizar unos 30 lanzamientos los últimos 4 meses”

– ¿Cuántos casos se han solucionado desde que usted llegó a la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda?
“Hemos utilizado los recursos del instituto, y en muchos casos nosotros mismos (la vicepresidenta y yo) hemos mediado para resolver algunos casos, siempre dentro de nuestra capacidad, que es limitada. En el caso de las entidades financieras, hemos logrado resolver el 100% de los casos de los que tuvimos conocimiento, que fueron unos 30 en estos cuatro meses. Pero también hemos pedido a las propias plataformas que nos informen sobre casos que conozcan, y nos han hecho llegar datos de una veintena más, la mayoría de desahucios entre particulares. Ninguna familia será desahuciada si no tiene recursos para afrontar los pagos”.

– ¿Puede ser la empresa pública Visocan la solución a muchos de estos problemas?
“Bueno, ya lo ha sido, como se podrá ver con las personas que residen en las más de 1.000 viviendas que tiene la empresa pública Visocan en el municipio de La Laguna. Entre ellas, 119 del barrio de San Matías, en Taco, donde hace apenas un mes los vecinos se manifestaban para pedir rebajas en los precios de sus alquileres, al verse incapaces de pagarlos, dado que la mayoría están en el paro, tienen hijos menores a cargo y sus ingresos se limitan a ayudas sociales. En estos edificios, que se concedieron hace dos años, hay 30 inquilinos que deben más de 1.000 euros de alquileres, entre ellos algunos adeudan 21 de las 22 mensualidades que deberían haber abonado en este periodo. Para estudiar los motivos de esta morosidad, la Comunidad Autónoma ha encargado a los Servicios Sociales municipales que realicen un análisis de cada familia. Esa información será compartida en una mesa de trabajo, donde se decidirá si las familias necesitan que se cambie su contrato para adaptarlo a su situación económica. Ninguna familia con dificultades para asumir el pago de una vivienda será desahuciada”.

– Otra de las cuestiones que más controversia ha generado en materia de vivienda son las ayudas al alquiler y a la compra de vivienda, muchas de las cuales llevan años sin poder ser abonadas por falta de previsión presupuestaria. ¿Cómo se va a resolver este tema?
“Es uno de los aspectos en los que debemos hacer autocrítica. Entre el año 2009 y 2012 las políticas de Vivienda empujaron a muchos jóvenes a la compra de una vivienda, cuando a lo mejor no se les debía haber dado ese empujón, porque ahora no se habrían encontrado en la situación en la que algunos están ahora, desahuciados y con deudas casi de por vida. El Gobierno de Canarias se comprometió con muchos jóvenes que les ayudaría, a pesar de que luego no se pudo haber frente a esos compromisos. Y el error no sólo se cometió en la convocatoria de 2009, sino que se repitió en 2010, 2011 y 2012, hasta que por fin alguien paró esa línea de actuación. A nosotros nos ha tocado heredar ese problema, para el que este año dedicaremos tres millones de euros para dar respuesta, por ejemplo, a la Hipoteca Joven. También disponemos de 350.000 euros para resolver algunas de las ayudas concedidas para vivienda usada, y estamos analizando la posibilidad de dar 15.000 ayudas al alquiler. Esto supone muchísimo trabajo, porque ni siquiera tengo suficientes recursos humanos para poder dar una respuesta tan ágil como me gustaría. Por eso, y mientras tenga los recursos humanos que tengo, será imposible acelerar los tiempos, y eso que hemos tenido hasta los conductores echando una mano con los más de 15.000 expedientes que tenemos, que en ocasiones han llegado incluso a bloquear toda la actividad del instituto”.

– A todos esos problemas hay que añadir además que la Ley Canaria de Vivienda continúa suspendida…
“Claro. Y mientras la tengamos suspendida no podrá ser una herramienta funcional, aunque estamos aprovechando todo el marco competencial que nos permite para hacer aquellas cosas que incluye esa ley. El objetivo no es solo que no haya conflictos, sino que se está diseñando para darle más seguridad al trabajo del instituto, y lo estamos teniendo en cuenta como futuro marco normativo, con independencia de lo que resuelva el Constitucional”.