POLÍTICA

El portal canario de transparencia pone al descubierto a los asesores

Teófilo González, director general de Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales. / DA
Teófilo González, director general de Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales. / DA

Un escáner virtual desnuda a los altos cargos y al personal de confianza de la Comunidad Autónoma. De hecho, el punto de mira de la ciudadanía acapara datos tan preciosos como el sueldo de los 13 asesores del Gobierno regional: 47.253 euros anuales (sin Seguridad Social ni antigüedad). También, de los eventuales. Y los currículums.

La ley de transparencia es algo así como una linterna que proyecta luz sobre el lado oscuro del poder político o económico. La tercera y definitiva parte de la normativa básica nacional que regula este ejercicio de democracia activa entrará en vigor el 10 de diciembre. Es la fecha límite para que las comunidades autónomas se adapten a la nueva realidad. La canaria se aprobó a finales de 2014 y está plenamente activa desde el pasado 10 de julio. Es más, el portal se abrió con un año de antelación y cinco meses antes que la versión común para toda España. Ahora está en un proceso de actualización, lo cual no implica un apagón informativo. “Nos encontramos en un escenario diferente al de la legislatura precedente”, constata el director general de Transparencia, Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales. Teófilo González avanza que, como muy tarde en marzo de 2016, habrá un renovado portal que incorporará los 130 indicadores que recoge la legislación. Actualmente se toman como referencia los 80 parámetros de la organización Transparencia Internacional. Sin tiempo que perder, la web Gobcan.es/transparencia ofrece detalles a los que era impensable acceder por las buenas. Incluso ya es posible conocer previamente el orden del día del Consejo de Gobierno. “Esto es un viaje sin retorno”, enfatiza González. “Lo público se pone a disposición del público. No hay vuelta atrás. Nuestro compromiso es firme y tajante”. Existen dos vías exploratorias: la solicitud personalizada (presencial, por correo electrónico o a través del número de teléfono 012) y consultando el portal. Desde enero se han cursado alrededor de 200 peticiones; muchas de ellas, vinculadas al ámbito agrario y el empleo. Para responder al requerimiento se ha establecido un plazo de 30 días, prorrogables en determinadas circunstancias. Quien lo considere oportuno tiene la opción de presentar las quejas al comisionado de Transparencia.

Aparte de las administraciones, el largo brazo de la ley de transparencia alcanza a las empresas mercantiles, ONG y fundaciones que reciban de los fondos públicos más de 60.000 euros o el 30% de su presupuesto. Están obligadas a rendir cuentas.

“Nos lo hemos tomado muy en serio”

-“Las personas que manejamos dinero público estamos haciendo una labor que requiere la máxima transparencia”. Así de tajante se muestra el director general Teófilo González. “Llenarse la boca con palabras no es suficiente”, recalca. “Es hora de pasar de la teoría a la práctica. La transparencia no debería ser algo extraordinario, sino ordinario. Lo anormal sería lo contrario. Quien renuncie a la actitud sincera de transparentar su función pública mejor que se quede en su casa. Nos hemos tomando muy en serio este proceso desde el minuto cero. Ese fue el compromiso que contrajimos con los ciudadanos”.

-La estructura de la ley canaria de transparencia se ha completado con la constitución del medio centenar de unidades responsables de información (URIP). Este lunes se reunió el órgano de coordinación.